Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

de justicia, control policial preventivo y coordinación integral del sistema penal. Siendo
la seguridad un bien público y por lo mismo una política de Estado, su conducción será
llevada a cabo sin privilegio alguno. Por el contrario, estará basada en el correcto
desempeño de las instituciones y organismos de seguridad, en el cumplimiento de las
normas y leyes, en la protección de los derechos constitucionales y en la mas amplia
participación ciudadana.
Sostenemos, que no existe contradicción ni conflicto alguno entre seguridad y
democracia, peor aún, entre los derechos humanos y la seguridad. Nadie está por encima
de la ley y todos debemos contribuir a cumplir nuestros deberes y obligaciones
constitucionales. De la misma manera, todos esperamos del Estado el ejercicio legal,
legítimo y transparente de sus finciones y responsabilidades para preservar un clima de
justicia social, armonía ciudadana y solidaridad. La gestión pública de la seguridad y
sus instituciones reflejará a la sociedad. Por otra parte, se propone restablecer el
principio de soberanía sobre la gestión pública de la seguridad, largamente hipotecada a
favor de agencias extranjeras de seguridad.
Consecuentemente, el objetivo no sólo de democratizar la administración y conducción
de la seguridad, sino también nacionalizarla.
1.3.3 Una Política de Seguridad Ciudadana de verdad
Se propone construir de manera participativa una POLITICA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, para la gente y para VIVIR BIEN basada en las siguientes premisas:
1) Construcción democrática de un nuevo modelo de seguridad ciudadana:
democrático, preventivo participativo y respetuoso de los derechos humanos.
Esto supone invertir el actual modelo de seguridad ciudadana que actualmente está
dirigido a proteger y beneficiar al poder político, a preservar sus derechos y a reprimir a
los más pobres. Deseamos transformar éste modelo represivo por uno preventivo,
preocupado por la inclusión social y el diálogo más que por el orden público. Queremos
hacer de la seguridad un servicio público honroso y digno al servicio de los ciudadanos
y convertir esta política en un espacio de encuentro, transparencia y participación social.
El nuevo modelo estará basado en instituciones confiables que ejercerán su autoridad
sometidos a la ley y al respeto de los derechos humanos.
2) Ejecicio pleno de la autoridad pública sobre las instituciones y organismos de
seguridad
Restableceremos el principio democrático y constitucional del ejercicio pleno del poder
gubernamental sobre las instituciones de la seguridad. Desterraremos las viejas prácticas
de la autonomía policial o del predominio que ejercieron los organismos de seguridad
sobre el poder político. Esto supone romper la relación ilegal e ilegítima entre autoridad
civil y organismos de seguridad. La impunidad de los organismos de seguridad será
superada a través de la correcta administración y conducción civil de la política de
seguridad y ninguna violación de los derechos humanos será tolerada ni protegida por el
gobierno.