Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

a) Objetivos
El objetivo de la política minera será coherente con los objetivos generales de la
transformación del país conducentes a:
1) Democratizar la economía
2) Proporcionar mayores oportunidades a los sectores tradicionalmente marginados
3) Hacer que los recursos naturales proporcionen la fuente más importante de los
excedentes del país para su industrialización
b) El Marco Internacional de Desarrollo de la Minería
Un mercado de materias primas muy fluctuante y altamente controlado por los países
industrializados.
Precios de los minerales que, en su promedio histórico, apenas cubren los costos de
producción y no logran dejar excedentes que permitan reponer el factor de agotamiento
y últimamente, ni siquiera la cobertura del mantenimiento de la calidad del medio
ambiente. Excepcionalmente estamos viviendo una coyuntura favorable de precios que
ya dura dos años. Sin embargo, las causas obedecen a elementos ajenos al mercado
tradicional capitalista como ser la demanda del mercado chino por materias primas.
Insumos y maquinaria para la minería a precios altos. Un gran interés por parte de las
empresas transnacionales para hacerse de yacimientos masivos, aflorantes o con poca
cobertura, con leyes bajas pero de grandes tonelajes y con las condiciones para la
aplicación de grandes inversiones, una tecnología de punta en materia de extracción,
transporte y beneficio.
Como resultado de lo anterior, una enorme presión internacional para rebajar impuestos
y regalías a su mínima expresión, tales como:
1) Los impuestos sobre el ICM
2) Los impuestos sobre internación de bienes de capital
3) La depreciación acelerada de las inversiones
4) Seguridad jurídica que se interpreta como inamovilidad de las disposiciones que
dieron lugar a los contratos vigentes
Competencia entre los países con recursos naturales bajando las exigencias para el gran
capital transnacional
b) El Marco Interno de Desarrollo de la Minería
Un Código de minería centrado fundamentalmente en las necesidades de las grandes
empresas.
Una política de concesiones mineras favorable para el acaparamiento y el “engorde” y
no así a la producción.
Un sector minero estatal desestructurado y desmantelado. Desde el código minero de
1997, confinado a administrar contratos.