Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

2.5.8 Seguridad Jurídica sobre Tierras
El Estado respetará y apoyará las inversiones productivas y los derechos sobre la tierra
de quienes probadamente la utilizan en forma productiva y sustentable. Para garantizar
seguridad jurídica fundada en el cumplimiento de función productiva y social de las
tierras, se tomarán las siguientes medidas:
1) Revisión integral del proceso agrario. A cargo de una “Delegación de Gobierno” que
trabajará en coordinación con el ministerio cabeza de sector, la Comisión Agraria
Nacional (CAN) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
2) Fortalecimiento y transparencia en las instituciones agrarias. Resguardando al
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y estableciendo rígidas regulaciones
para evitar su partidización, corporativización o fragmentación. Se garantizará el
funcionamiento permanente de la Comisión Agraria Nacional (CAN) para la
concertación democrática y el seguimiento sostenido de las políticas nacionales de
tierras, y de las Comisiones Agrarias Departamentales (CADs) con los mismos fines.
3) Relanzamiento del proceso de saneamiento agrario Determinación de áreas
priorizadas en el saneamiento para redistribuir la tierra en función de tres parámetros: a)
Zonas de alta conflictividad, b) Zonas que tienen condiciones adecuadas para la
producción de alimentos y materias primas en diferentes regiones, c) Zonas adecuadas
para la diversificación de actividades productivas, como ser áreas forestales o con
potencial en biodiversidad. Se dará impulso al saneamiento y titulación de propiedades
privadas fortaleciendo la intervención del Estado y regulando a las empresas privadas de
saneamiento. Se establecerán los Comités de Control Social de los procesos de
saneamiento en los mismos lugares donde estos procesos se están efectuando.
4) Rápida titulación de tierras de los productores comunitarios y privados. Impulso a
los procesos de saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades indígenas
y de campesinos originarios en todo el país, con el reconocimiento de tierras
discontinuas y la dotación de nuevas tierras según los requerimientos de su crecimiento
demográfico y económico. Apoyo estatal en el impulso al saneamiento interno de las
comunidades campesinas e indígenas. Celeridad en los procesos de titulación de
propiedades privadas productivas.
5) Transferencia progresiva del catastro rural. Impulso al proceso de transferencia
progresiva y actualización permanente del catastro rural a los municipios, para generar
condiciones de legalidad y seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y para
garantizar el pago de obligaciones por los sujetos activos definidos por ley.
2.5.9 Redistribución de Tierras
El Estado controlará la tenencia especulativa e improductiva de la tierra en aplicación
de la legalidad constitucional y agraria.
1) Creación del Defensor Agrario, el mismo que tendrá la tarea de verificar el
cumplimiento de obligaciones de las instituciones agrarias, denunciar ante el Ministerio
Público casos de ilegalidades y fraudes con tierras cometidos por particulares, preservar
los derechos e intereses en la tenencia de tierras por ciudadanos bolivianos ante súbditos
extranjeros, y prevenir conflictos por tierras facilitando su resolución pacífica.