Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

que sólo han beneficiado a pocos, encubierto y protegido a muchos y castigado a la
mayoría ciudadana. La Política de Seguridad Ciudadana que proponemos, apunta a
convertir al Estado en un instrumento al servicio de las mayorías y se compromete
transformar sus instituciones para restablecer principios de servicio y ética pública.
1.2 ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Los bolivianos estamos enfrentados a una situación de colapso de las instituciones de
seguridad. Ante una carencia de una política de seguridad ciudadana, tampoco es
posible advertir un liderazgo civil institucional capaz o preocupado de orientar el rumbo
y la actuación del gobierno en ésta materia. La fuga masiva de delincuentes de las
cárceles, con complicidad de funcionarios civiles y policiales, se ha convertido en un
hecho común. A ninguna autoridad del poder ejecutivo le preocupa la descomunal
corrupción policial, el abuso de autoridad, la discrecionalidad administrativa o el tráfico
de influencias. La falta de una adecuada coordinación entre las autoridades del sistema
penal es crónica como son proverbiales sus prácticas de corrupción y venalidad. Las
instituciones del sistema penal viven en el más completo desorden, no se ejerce control
institucional sobre ellas y las pugnas interburocráticas limitan severamente el acceso
ciudadano a la administración de justicia. Las fronteras se encuentran desguarnecidas,
las oficinas de migración están minadas por la corrupción, el contrabando se ha hecho
incontrolable y el tráfico de armas y drogas cuenta en algunos casos con protección
oficial. Las debilidades institucionales que tienen un alcance estructural ofrecen
condiciones propicias para la expansión del crimen. Los ciudadanos están enfrentados a
un desproporcionado incremento de la violencia criminal y el delito común. El miedo
inunda los hogares bolivianos y los espacios públicos, destinados a la convivencia
social, se contraen cotidianamente.
Paradójicamente, el incremento del delito discurre de la mano del aumento
desproporcionado en el gasto en la seguridad ciudadana. En la última década, el
presuuesto en seguridad aumentó, en promedio, más que en el área de salud. La
ineficicia de los organismos de seguridad para prevenir y contener el delito es ya un
lugar común. Es una falacia sostener que las instituciones de seguridad carecen de
recursos, lo que ocurre es que dichos recursos no son adecuadamente empleados y
muchos de ellos tienen finalidades políticas o terminan en cuentas bancarias privadas.
Los propios miembros de la policía son víctimas de explotación laboral sin que nadie
rinda cuentas de los ingresos que generan, por ejemplo, los batallones de seguridad
física privada. Los recursos humanos de la policía y de los operadores de justicia están
mal distribuidos. Los tiempos de trabajo así como las cargas laborales expresan la
discriminación, la exclusión y la falta de justicia y equidad en los organismos de
seguridad. No obstante, las responsabilidades se distribuyen injustamente sobre los
eslabones débiles de la cadena de mando. La regulación del delito desde los propios
órganos de seguridad forma parte de la cultura de la informalidad.
Los organismos de seguridad no tienen como prioridad la prevención del delito ni el
control de la criminalidad organizada. Sus formas de planificación, organización,
métodos de trabajo y coordinación no responden a la defensa de la sociedad sino a la
expansión de privilegios, prerrogativas y prebendas corporativas. Es más importante
preservar los privilegios institucionales que preocuparse de las necesidades de la gente.
La distribución del personal en los organismos de seguridad con una fuerte carga