Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

urocrática y una débil capacidad operativa responde en realidad a la búsqueda y
consolidación de intereses económicos del sector. El propio modelo de seguridad,
basado en respuestas policiales reactivas orietadas a la limpieza social en realidad no
son más que expresiones que criminalizan la protesta de los movimientos sociales y la
pobreza. La policía y la administración de justicia tienen como objetivo atacar los
eslabones débiles de la cadena social, entretanto, los delitos de cuello blanco, cuyo
impacto económico es demoledor para los intereses de la sociedad, no son objeto de
investigación o son mas bien son objeto de encubrimiento e impunidad.
El país no cuenta con una Política de Seguridad Ciudadana. Por el contrario, los
gobiernos sólo se preocuparon de producir planes de seguridad como respuesta
contingente a la crisis de seguridad. En la última década, más de una decena de planes
de seguridad no arrojaron ningún resultado objetivo que se traduzca en menor riesgo o
vulnerabilidad social o en la disminución del temor en la sociedad. De igual manera, la
militarización de la seguridad tampoco ha dado respuestas efectivas. Las intervención
de las Fuerzas Armadas no resuelve el problema, por el contrario, lo agrava: aumenta el
gasto en seguridad, debilita la función profesional de los militares e induce a una lógica
política intervencionista, además de generar conflictos con la policía. Por el contrario,
los índices de violencia criminal, delito común y linchamiento se han multiplicado en
las áreas urbanas expandiéndose hacia el campo. Los ciudadanos de los grandes centros
urbanos no son los únicos rehenes del miedo, también son los campesinos e indígenas
quienes sufren el acoso delictivo.
El régimen penitenciario, inhumano y discriminatorio mantiene los mismos problemas
del pasado. La seguridad policial en realidad se ha convertido en protección policial al
crimen organizado. La seguridad penitenciaria es un mito. Las cárceles son “tierra de
nadie”. Es un área en la que el Estado ha capitulado en el ejercicio de su autoridad.
Desde las cárceles se organiza el delito urbano y desde ellas se siembra el miedo y el
pánico en la sociedad. Los internos regulan el funcionamiento de los delitos más
rentables –robo de vehículo, tráfico de dorga, secuestros express, atracos y aslatos a
entidades financieras y otros-. La violencia carcelaria es intolerable como lo es el
hacinamiento, la violación sistemática de los derechos humanos de los internos. La
retardación de justicia, la corrupción del sistema judicial y la inconstitucionalidad en la
aplicación de la ley 1008 contribuyen a la sobeppoblación penal.
El crimen organizado, tanto nacional como transnacional, ha puesto en jaque la
estructura de la seguridad ciudadana en el país. Decenas de atracos y asaltos armados
continuan sin resolución ante la ineptitud de los organismos de seguridad.
Frente a ésta situación hace falta una inmediata reforma de la administración, gestión y
conducción de la política de seguridad así como de sus instituciones.
Bolivia: Composición de los Delitos Criminales, 2000-2004
(En números y en Porcentajes)
Criminalidad
2000-2004
En %
Homicidios
14,958
14.1%