Ver/Abrir - Pontificia Universidad Católica del Perú

Así, se aceptará esta teoría en cuanto consideramos que nuestro ordenamiento le ha
otorgado el respaldo requerido mediante su exposición constitucional (Artículo 139,
inciso 22) y mediante el desarrollo jurisprudencial expreso hecho por el tribunal
constitucional el mismo que será apreciable en resoluciones emitidas por el Tribunal
Constitucional:
Sentencia de Expediente Nº0019-2005-AI/TC 71
Sentencia de Expediente Nº 0012-2006-PI/TC 72
Sobre las críticas comúnmente planteadas a esta teoría tenemos dos principales, en
primer lugar se plantea la negación de la capacidad del sistema actual para re
socializar a los presos, lo cual a su vez generaría, una negación fáctica del tercer
modo de interacción de la pena con el individuo con respecto a la teoría de Roxin.
71 Numeral 9 de la sentencia Nº0019-2005-AI/TC:
Los fines de la pena desde una perspectiva constitucional
37. Este Colegiado ya ha descartado que se conciba a la retribución absoluta como el fin de la
pena. Ello, desde luego, no significa que se desconozca que toda sanción punitiva lleva
consigo un elemento retributivo. Lo que ocurre es que la pretensión de que ésta agote toda su
virtualidad en generar un mal en el penado, convierte a éste en objeto de la política criminal del
Estado, negando su condición de persona humana, y, consecuentemente, incurriendo en un
acto tan o más execrable que la propia conducta del delincuente.
38. Sin embargo, las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de
protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan
acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos
fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido
reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan
particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia
armónica en una sociedad democrática.
72 Numeral 1 de la sentencia Nº0012-2006-PI/TC:
El sistema punitivo en el marco de la Constitución
1. La relación existente entre el Derecho Penal y la Constitución no es reciente sino más
bien viene asentándose progresivamente desde inicios del constitucionalismo. Ya en el artículo
8° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se contenían las
ideas fundamentales para limitar la acción del Estado cuando éste ejerce su poder punitivo. En
efecto, en el referido artículo se establecía que “La ley no debe establecer más penas que las
estricta y manifiestamente necesarias”, aludiéndose claramente a la obligación del Legislador
de respetar el principio de proporcionalidad en la determinación de las penas, al postulado de
subsidiariedad del Derecho Penal, así como a la exigencia de que sea la “ley” el instrumento
jurídico que establezca las penas aplicables a los ciudadanos. Si bien las referidas ideas
fundamentales se presentaban inicialmente como fórmulas programáticas y políticas, se han
venido repitiendo en las Constituciones y en los Códigos Penales con diversa amplitud y
precisión.
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