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El derecho a la salud, un derecho universal en peligro
vez, el Juzgado de Instrucción n° 3 de Reus, a instancia de un grupo ciudadano,
ha acordado la detención e imputación, por delitos de estafa y malversación de
caudales públicos, del que fuera presidente del Institut Catalá de la Salut bajo
el mandato de Mas, Josep Prat Domènech, y de Carles Manté, exdirector del
Servei Catalá de la Salut bajo el Gobierno anterior. Es prematuro valorar el alcance
y consecuencias de estas medidas, pero es evidente que solo desde la
presión social y la exigencia pública de responsabilidades será posible desenmascarar
las tramas de influencias y de corrupción que se ocultan bajo decisiones
tan perjudiciales para las personas.
El derecho a la salud, como derecho fundamental
El derecho a la salud, individual y colectiva, cabe situarlo entre los derechos
fundamentales de la persona y constituye un derecho que se deriva directamente
de la condición humana, de la dignidad humana. Por ello, con independencia
de su configuración en los textos constitucionales, ya nadie duda de que, como
derecho fundamental, es un límite al ejercicio del poder y genera un deber inexcusable
de los poderes públicos para protegerlo y garantizarlo. Deberes que
representan para los poderes públicos el deber inexcusable de disponer de los
recursos económicos necesarios para su efectiva satisfacción.
El punto de partida de este reconocimiento es la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948. En su artículo 25, declara que «Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure», entre otros derechos, «la salud»
y «la asistencia médica». Es obvio que su mera inclusión en esta Declaración
explicita su reconocimiento como derecho individual, más allá de que su satisfacción
exija prestaciones económicas por una razón esencial que perdura hasta
hoy: porque la satisfacción de este derecho es una condición para alcanzar
una igualdad efectiva entre los ciudadanos. Posteriormente, los Pactos de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York, de 1966, mantuvieron
dicho reconocimiento. El artículo 12 establece que «los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental». Y, entre las medidas que «deberán adoptar a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho», figurará «d) la creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad».
No están previstas ni excepciones ni exclusiones.
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