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El derecho a la salud, un derecho universal en peligro
Si, como hemos visto, estos derechos están en la base del respeto a la dignidad
humana y del libre desarrollo de la personalidad, su generalizada inaplicación
puede y debe generar responsabilidad no solo administrativa sino, incluso,
como sugerimos, en el ámbito penal.
Por todo ello, ante un Gobierno neoliberal plegado a los intereses de los poderosos
en perjuicio de los ciudadanos, es un compromiso cívico y democrático
la intransigente oposición a dichas medidas.
La prevención de la corrupción
Pero, además, de estas disposiciones generales, las instituciones que rigen el
sistema sanitario público de Catalunya contemplan otras normas específicas
para garantizar la neutralidad y objetividad de sus cargos directivos ante la
adopción de decisiones que puedan representar el favorecimiento del interés
particular sobre el general y excluir el conflicto de intereses, siempre en aras
de la neutralidad y objetividad en el desempeño de sus funciones. Las consideraciones
anteriores las consideramos justificadas por la siguiente razón. Por el
origen profesional del equipo directivo de la Conselleria de Salut, dada su anterior
vinculación a la Unió Catalana d’Hospitals, y los criterios economicistas
que están presidiendo su gestión de la asistencia sanitaria pública. Lo que ha
generado siempre una justificada desconfianza en su plena fidelidad al servicio
público.
Decimos cuanto antecede para destacar, por encima de cualquier otra consideración,
que la lucha contra la corrupción es una exigencia fundamental del
Estado Social y Democrático de Derecho. Por una parte, todo el poder público,
en sus variadas manifestaciones, está sometido al Derecho. Así lo establece
taxativamente con carácter general el artículo 9 de la Constitución. «Los ciudadanos
y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico», sometimiento paralelo a «la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos». Sin duda, la legislación de incompatibilidades es la mayor
garantía frente a lo que la doctrina moderna denomina, como fuente de corrupción,
el conflicto de intereses que es definido así en el artículo 4 de la ley
5/2006, de 10 de abril, relativa a los altos cargos del Estado: «cuando los altos
cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a
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