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Artur Mas: on són els meus diners
den los demandados». En dicho reportaje, se hacen afirmaciones respecto de
Josep M a Via que este consideró «inciertas» y, en consecuencia, entabló una
demanda civil solicitando que los autores del reportaje fueran condenados por
haber cometido una «intromisión ilegítima» en su derecho al honor personal.
El proceso ante el Juzgado de 1 a Instancia n° 37 de Barcelona concluyó con la
sentencia dictada el pasado 21 de octubre condenando a Albano y Marta, por
violación del derecho al honor de Josep M a Via, a pagar una indemnización de
10.000 euros. Una vez más, la balanza se ha inclinado a favor de quienes ocupan
posiciones de poder frente a quienes, con rigor y valentía, se atreven a
denunciarlas y prevalecen derechos personales frente a los que sostienen el
sistema democrático, como la libertad de expresión y de información.
Pero la sentencia presenta varios flancos muy vulnerables porque, en un afán
de eludir la realidad sobre la que versa el reportaje, la crisis de la sanidad pública
catalana, se empeña en reducir el «objeto del pleito», «única y exclusivamente
en el honor del demandante» (Josep M a Via). Y reitera que en dicho
proceso no «se juzga la sanidad catalana y la existencia o no de corrupción en
la misma». Lo que resulta contradictorio con sus propias valoraciones.
En primer lugar, entiende que calificar la conducta de Josep M a Via de «vergonyós
exemple» en relación a su actividad como gestor de la sanidad catalana es
lícito, lo que necesariamente representa aceptar como legítimo y justificado lo
que no es sino un grave reproche ético y profesional, dando por tanto la razón
a los demandados. En segundo lugar, la Juez valora como irrelevante y carente
de contenido ofensivo la interpelación que los demandantes hicieron a Josep
M a Via: «No li seria més còmode que li ingressessin directament els diners de
la nostra sanitat a un compte a Liechenstein». La pregunta formulada por los
demandantes es considerada también por la Juez como lícita en tanto que es
una mera «opinión», «desde el momento en que no se afirma que el actor
tenga cuentas en dicho paraíso fiscal». Pero dicha pregunta representa un más
grave reproche que la afirmación anterior. Porque, dada la naturaleza y función
de los paraísos fiscales en la economía internacional, la Juez podía y debía haber
actuado de otro modo más acertado y eficaz para el esclarecimiento de los hechos
por los que preguntaban los demandados. Estaban planteando, una vez
iniciado el proceso civil, lo que la Ley denomina cuestión prejudicial penal, es
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