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Artur Mas: on són els meus diners
El punto de partida internacional sobre el derecho a la salud no puede estar más
claro y emplaza a los estados y administraciones competentes para un desarrollo
que implique dotar a los servicios básicos, como la salud, de una financiación
adecuada porque el desarrollo social no puede subordinarse, en modo alguno,
a criterios dominados por la lógica del mercado.
El reconocimiento de estos derechos significa que el Estado y las administraciones
públicas deben ser garantes de aquel bienestar. Y con mayor fuerza cuando
el sistema económico capitalista vigente, dominado por la política neoliberal
y la lógica del beneficio, está en un proceso globalizador que conduce a
acentuar las desigualdades de las personas y los pueblos. Porque, en efecto,
estamos ante un proceso que se caracteriza por la baja calidad de los servicios
universales, un endurecimiento en el acceso a los servicios públicos —pensemos
en el nivel de las pensiones no contributivas o de las rentas mínimas— en
la imposición a cada vez más amplios sectores sociales de una situación económica
precaria, consecuencia del incesante incremento del paro y una creciente
desigualdad de ingresos entre los ciudadanos, agrandándose la brecha entre
ricos y pobres, con una protección pública para estos cada vez más incierta.
El derecho a la salud, un valor incuestionable del sistema
democrático
Así era concebido en la primera ley de sanidad, la 14/1986, promovida por
Ernest LLuch. Era el primer desarrollo democrático de la proclamación constitucional
del «derecho a la protección de la salud». Dicha ley pretendía «extender
la sanidad a todos los ciudadanos» ,«porque queremos construir una sociedad
democrática avanzada», es decir, más justa e igualitaria. Luego se han aprobado
leyes estatales y autonómicas y se han aplicado políticas públicas que han profundizado
esos fines. Siempre con el propósito de avanzar hacia una sociedad
donde la igualdad de los ciudadanos fuese «real y efectiva», constituyendo la
sanidad un elemento central de ese proyecto constitucional. Pero, bajo la cínica
coartada de la crisis económica, el Gobierno conservador de CIU ha emprendido
un decisivo desmantelamiento de la sanidad pública, primando los intereses
sanitarios privados sobre la asistencia pública. Así lo expresan las decisiones
tomadas sobre cierre de plantas y camas hospitalarias, dilación de las listas de
espera, cierre de quirófanos y de servicios de urgencias y así sucesivamente.
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