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Una sentència i dos anàlisis
investigados por los tribunales de atacar por medio de querellas a los informadores
y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa. En todo caso,
no pasa nada tampoco por dar el beneficio de la duda a la sentencia. Quizás hay
algún dato que no conozco o que se me escapa. De manera que, más allá de
referirme a la decisión judicial, creo que tiene sentido hablar del vídeo en sí
mismo. ¿Algo de esa índole ha de ser amparado por la libertad de información
Analizando el vídeo con independencia de lo que puedan haber argumentado
las partes y la sentencia, queda claro que al señor Via se le menciona sin imputarle
delitos concretos, sino por su participación y comentarios públicos respecto
de la situación (cómo se gestiona la sanidad con intervención de empresas
privadas en Cataluña y, sobre todo, la opacidad y falta de transparencia res pecto
de muchos contratos, que impiden fiscalizar el uso de dinero público), opiniones
por las que es criticado, con dureza, en el vídeo. Es cierto que hay una
pregunta retórica en la que, para ridiculizar y llevar al absurdo la posición defendida
por Via, se lanza la hipótesis argumentativa de que quizás lo que le
parecería sensato a Via es que le ingresaran directamente el dinero en las Islas
Caimán. Es cierto, también, que el vídeo habla en su título de «robo» y la expresión
se repite a lo largo del mismo para calificar algunos comportamientos
y actitudes (pero no en referencia concreta al Señor Via). Puestos en la balanza
esos, si se quiere, «excesos expresivos» (que a mí no me lo parecen, en el fondo,
pues se explican a partir de la articulación del reportaje y que por esta razón
nada tienen que ver con los excesos reprobables que el Tribunal Constitucional
ha señalado, por ejemplo en sus sentencias Comandante Patiño I (STC
171/1990) y Comandante Patiño II (STC 172/1990), que significan que se pierda
el amparo de la libertad de información y no sea aceptable la inmisión en el
honor de los ciudadanos, aunque se traten asuntos veraces y de interés público,
pues una interpretación amplia de la exigencia de profesionalidad periodística
que incluye la Constitución obliga a excluir ciertos excesos expresivos y calificativos
innecesarios y que nada aportan, con el contenido material del reportaje
y de la información periodística que se aporta, esto es, la denuncia de unos
hechos que se han considerado no solo de evidente interés público sino, además,
veraces hasta el extremo de ser el origen de varias investigaciones judiciales,
¿tiene sentido que una democracia liberal y transparente, donde la fiscalización
de los poderes públicos sea efectiva, no permita que se publique algo así
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