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Artur Mas: on són els meus diners
la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos,
o intereses compartidos con terceras personas».
Además, el preámbulo de la ley 13/2005 de 27 de diciembre de Régimen de
Incompatibilidades de los Altos Cargos al Servicio de la Generalitat —pasaron
25 años hasta que la Generalitat no dispuso de una ley de esta naturaleza— ya
expresa esta preocupación genéricamente: «tiene una relevancia especial el régimen
de incompatibilidades, la finalidad del cual es garantizar que su actuación sea
imparcial y objetiva y, aún más, el régimen de incompatibilidades de altos cargos,
quienes han de demostrar la imparcialidad de su actuación mediante una dedicación
absoluta a las funciones a las que están encomendadas, que no puede verse mediatizada
por otras actividades o intereses para así servir con la máxima eficacia, eficiencia
y objetividad a los intereses generales de los ciudadanos».
Pero, además de estas disposiciones generales, las instituciones que rigen el
sistema sanitario catalán contemplan otras normas específicas para excluir el
conflicto de intereses y garantizar la neutralidad y objetividad de sus cargos
directivos. Como, entre otras, la que regula el régimen del Consell d’Administració
del ICS: artículo 4, «Els membres del Consell d’Administració estan sotmesos
al règim d’incompatibilitats establert per la normativa general que els correspon i, en
particular, són incompatibles amb qualsevol vinculació directa amb persones físiques
o jurídiques l’activitat de les quals estigui directament relacionada amb les tasques
encomanades a l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació pot impedir o
menyscabar el compliment estricte de llurs deures o comprometre’n la imparcialitat
o la independència». La Llei d’Ordenació Sanitària 15/1990 contiene normas
similares.
Además, el Consejo de Administración de este organismo adoptó un Codi de
Bon Govern en el que se formulan recomendaciones como «mantener la lealtad
a la institución» y «evitar conflictos de intereses particulares dentro de la organización,
absteniéndose de intervenir en aquellos asuntos en los que se les haya planteado
dicho conflicto».
Las medidas de privacion de derechos sanitarios y de privatización del sistema
público de salud que están acordándose, no solo no se acomodan, sino que
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