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Artur Mas: on són els meus diners
Principios reiterados en disposiciones más recientes
Como, entre otras, la vigente Ley General de Salud Pública, 33/2011, de 4 de
Octubre, que en virtud de lo dispuesto en la disposición final cuarta es de rigurosa
y estricta aplicación por las CCAA. En dicha ley, se reiteran y actualizan
principios, derechos y deberes ya establecidos en leyes anteriores. Su preámbulo
es perfectamente expresivo y pone de relieve la gravedad de las medidas que
están siendo acordadas por el Gobierno de la Generalitat en cuanto perjudican
derechos básicos de la persona. Dice así: «La Constitución Española de 1978 dio
un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la población al reconocer en
su artículo 43 el derecho a su protección, encomendando para ello a los poderes públicos
la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios». Y reconoce que: «en el mundo globalizado
del siglo xxi, marcado por profundas desigualdades que siguen un patrón social
entre países y dentro de los propios países, y hace de la aspiración a la equidad no solo
un fin, sino un medio para lograr una mejor salud para todas las personas. La equidad
es al fin y al cabo consustancial a la salud y solo las sociedades que procuran la
igualdad consiguen buenos resultados en salud». «Esta ley tiene por objeto establecer
las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible
a través de las políticas, programas, servicios y, en general, actuaciones de toda índole
desarrollados por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con
la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así
prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la
esfera individual como en la colectiva.» Y, a partir de este objetivo, establece los
«Principios generales de salud pública», entre los que destaca el de equidad que
define así: «Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la
población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán
acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al
respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un
impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en
materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención
específica a las necesidades de las personas con discapacidad». Es significativo que
la disposición adicional quinta de la ley recuerde que la financiación de las
prestaciones sanitarias son «responsabilidad financiera de las comunidades autónomas»,
quienes, por tanto, deben garantizar las disponibilidades económicas
necesarias para que la protección de la salud quede asegurada.
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