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El derecho a la salud, un derecho universal en peligro
Decisiones que representan un ataque frontal al Estado Social de Derecho, en
cuanto los «poderes públicos» en lugar de tutelar la sanidad pública reducen
drásticamente el alcance del derecho a la salud como un derecho universal. Los
principales destinatarios de dichas medidas limitativas y hasta privativas de
derechos son las clases populares.
La derecha catalana ha profundizado así la vía para dejar sin efecto el principio
del Estatut que establece que «todas las personas tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad
pública». Lo que crea las condiciones que se corresponden con lo que el Código
Penal denomina «impedimento» al ejercicio real de un derecho cívico o «denegación
de asistencia sanitaria», en este caso solo atribuible a los responsables
políticos que están haciéndola posible.
El Gobierno de CIU, en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad
desigual en que vivimos, profundiza esta desigualdad menospreciando que
el derecho a la salud, como derecho universal, está vinculado al respeto a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, las
medidas de supresión de servicios públicos de salud están generando discriminación
entre los ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra
convivencia humanitaria y democrática. Y, en todo caso, desconoce que, como
proclamó NNUU en 1993, en el Programa de Derechos Humanos, «todos los
derechos son universales, individuales e interdependientes», de tal manera que
la lesión del derecho a la salud también lesiona otros derechos que están asociados
al mismo, como los derechos a la calidad de la vida, a la protección de la
familia y los hijos, a la suficiencia de los ciudadanos de la tercera edad, etc. El
Gobierno de CIU y quienes lo apoyan están apartándose de la obligación política
y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva
satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas
afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades.
Sobre todo, cuando es una evidencia que la ley catalana 18/2009, de
Salud Pública, que representó un avance histórico, es ignorada por el Gobierno
de Catalunya despreciando su primer principio informador: «La garantía y el
sostenimiento de las prestaciones de salud pública como un derecho individual
y social».
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