Rega-17 (sem issn) - Cepal

REGA – Vol. 1, no. 1, p. 105-125, jan./jun. 200411213Comunicación verbal del Intendente de Recursos Hídricosdel INRENA.se inició un rápido y masivo proceso de disolucióny fragmentación de estas unidades, pasándosea una situación con cientos de miles deunidades productivas individuales que requeríanlicencias y frente a las cuales la administraciónno pudo responder. Se estima actualmenteque no más del 5% de los agricultoresde la costa 13 tienen licencias de agua debidamenteformalizadas, mientras el grueso de losagricultores del país no tiene formalmente estederecho administrativo.De otro lado, el sistema de tarifas creadopor la ley nunca funcionó realmente como sehabía previsto y por ejemplo, durante la mayorparte de la década de los 1970s fue el Estadoel que subsidió la operación de todo el sistematécnico y administrativo, especialmenteasociado a los usos agrarios. El problema vinocuando se iniciaron las profundas crisis fiscalesy de financiamiento externo desde mediadosde la década de los 1970s. Toda la décadade los 1980s estaría marcada por muy severasrestricciones fiscales que implicarían un totalabandono del financiamiento estatal del aparatoadministrativo encargado del agua. Frentea esto, la otra solución sería un crecientefinanciamiento por parte de los propios usuarios,quienes resistían de manera muy fuerteesta opción.Es por esto que en estos años se observó uncreciente abandono de los mínimos criteriosde ordenamiento hídrico por parte de las autoridadesde aguas en el otorgamiento de derechosde uso del agua. En muchos casos eempezaron a otorgar acceso al agua (por elsólo hecho de incorporar nuevos usuarios enlos padrones de regantes) sin mínimos criteriostécnicos y sin que existiera agua adicionalque ofrecer (Guerra, 1993). Esta práctica aumentóel número de hectáreas en valles costeñoscon fuerte escasez del recurso, a costade reducir la cantidad y calidad de agua recibidapor cada regante, reduciendo la productividady aumentando los conflictos.La precariedad de recursos para la administración,a su vez, impidió que se realizaraneficazmente funciones de carácter técnico vitalespara el correcto funcionamiento del marcolegal. Por ejemplo, no se pudieron realizarni estudios de perfiles hidrológicos ni inventariosperiódicos de los recursos hídricos y lainformación disponible de la década de los1970s se fue desactualizando rápidamente durantela década de los 1980s. Esto tuvo implicanciaspara el otorgamiento de derechos deagua. Por ejemplo, durante toda la vigenciade la ley actual no se han otorgado licenciasde uso agrario para agua subterránea, uno delos aspectos más elaborados de la ley de 1969.El alto costo de los estudios parece haber inhibidoque la administración procese este tipode derechos, con lo cual la explotación en elsector agrario se realiza de manera informal.El debilitamiento de la presencia estatalen el manejo del agua no pudo ser suplidode manera rápida por una mayor participaciónde los propios usuarios a través de susorganizaciones formales. En gran medida, elenfoque del manejo del agua con carácterde planificación centralizada de la ley nopermitió un desarrollo significativo de losniveles organizativos y de gestión de las juntasde usuarios, las cuales tuvieron que enfrentarcrecientes problemas para mantenersus sistemas de distribución y asegurar elcumplimiento de normas para el uso ordenadode las aguas.En general, a fines de 1980s la situación enel manejo del agua era totalmente caótica. Através de un dispositivo legal específico (D.S.037-89-AG), y como parte de una pretendidadescentralización administrativa, el gobiernode entonces inició un cambio muy importanteen la normatividad vigente: decidió delegarfunciones estatales de cobro de tarifas, administracióny mantenimiento a las organizacionesde usuarios (básicamente regantes). Unposterior reglamento de tarifas aprobado aprincipios de 1990 estableció un componenteIngreso Junta de Usuarios en las tarifas, paraque estas organizaciones financien sus actividadesbajo ciertos requisitos mínimos.Sin experiencia y con pocos recursos, estasorganizaciones no pudieron enfrentar efectivamentelos complejos problemas existentes demanera inmediata. En muchos casos, las tarifasque establecieron los regantes eran inferioresa las tarifas previas y se mantuvieron fijaspor varios años (pese a que el reglamento es-