Claves - UGT Andalucía

La negociación colectiva en FSP UGT Andalucía en época de
crisis
Análisis de la situación general
La difícil situación económica y financiera por
la que atraviesa el país desde 2008, hizo que
en mayo de 2010 el Gobierno presentase un
plan de ajuste donde, por primera vez en la
historia de la democracia, rebajó el salario de
los empleados/as públicos/as en un 5% de
media y lo congeló para el 2011 Los empleados
públicos estamos habituados a congelaciones –
años 94 y 97- , externalizaciones, precariedad
y escasas ofertas de empleo público, pero
no a un recorte sin precedente de nuestros
derechos económicos
Estos ajustes impuestos unilateralmente por
el Gobierno han traído como consecuencia un
grave perjuicio para los empleados públicos,
suponiendo una importante pérdida del poder
adquisitivo, que en dos años puede superar, de
media, el 10%
Además, estas medidas han supuesto el
incumplimiento del Acuerdo Gobierno-Sindicato
para el periodo 2010-2012 suscrito el 25 de
septiembre de 2009 En solo seis meses el
Gobierno se desdijo de los argumentos con que
avaló el referido Acuerdo e impuso una injusta
e inesperada rebaja salarial
Todo ello nos llevó a convocar para el mes de
reflexiones socio
laborales de la
UGT Andalucía
Francisca Ramos Espina
Sª Política Sindical FSP UGT Andalucía
junio la primera Huelga General en el sector
público con un seguimiento significativo y
donde le pedimos al Gobierno que rectificara
y reestableciera los derechos que nos habían
hurtado El restablecimiento del equilibrio
económico en un país fuertemente endeudado
no se consigue empobreciendo a los empleados
y empleadas públicas
Con la aprobación de la reforma laboral en
septiembre, los empleados públicos volvimos a
sufrir una nuevo recorte en nuestros derechos
al regularse por primera vez en una ley, la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de
trabajo, la irrupción de las ETTs en el seno
de las Administraciones Públicas como una
fórmula de contratación que rompe con el
principio constitucional de acceso al empleo
público, buscando la Administración una
fórmula de empleo barato, poco estable y sin
derechos
Tras meses de alta conflictividad social, en
febrero pasado se firmó el Acuerdo Social
y Económico entre Gobierno y Sindicatos,
volviéndose de nuevo a la vía del diálogo y
adoptamos el compromiso de retomar la
negociación en el ámbito de la Administración
Pública que, en los próximos meses, va a
determinar nuestra acción sindical
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