Claves - UGT Andalucía

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reflexiones socio
laborales de la
UGT Andalucía
En efecto, la Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, conforma al Estatuto de Andalucía
como la norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma (art 147 1 CE y art
1 3 EAA) y resalta la importancia y necesidad
de incorporar la evaluación de políticas públicas
en la gestión pública
En concreto, el art 10 3 del vigente Estatuto
de Autonomía andaluz establece como objetivo
básico de la Comunidad Autónoma, en su
apartado 19º, “la participación ciudadana en
la elaboración, prestación y evaluación de las
políticas públicas, así como la participación
individual y asociada en los ámbitos cívico,
social, cultural, económico y político, en aras de
una democracia social avanzada y participativa”,
y la misma norma incide en la importancia
de la evaluación en cuanto que el art 138
determina que “la Ley regulará la organización
y funcionamiento de un sistema de evaluación
de políticas públicas” en Andalucía
Asimismo, hay que considerar los artículos
31 de Buena Administración y 37 sobre Los
Principios Rectores de las Políticas Públicas,
que establece entre sus líneas básicas la
“prestación de unos servicios de calidad” y “el
impulso de la concertación con los agentes
económicos y sociales”
La Administración Pública en Andalucía, a
través del Consejo de Gobierno, los agentes
sociales y organizaciones interesadas, los
grupos parlamentarios y la sociedad podrán
participar en dicho proceso de elaboración de
la Ley que regule esta materia y será necesario
incorporar a la cultura andaluza los principios
básicos que rigen la evaluación de políticas
públicas, sensibilizando a los actores claves
y promoviendo la difusión de los conceptos
básicos sobre los que deberá sustentarse el
sistema de evaluación en Andalucía
De otra parte, la evaluación de políticas públicas
es un área de investigación que pretende
valorar la utilidad y bondad de la intervención
pública, aplicando un conjunto de técnicas
propias de las ciencias sociales En esa línea,
su desarrollo está motivado por la constante
preocupación por determinar cuál debe ser el
papel del sector público en la sociedad, ante la
confrontación entre el deseo de generalizar el
Estado del Bienestar y la aparición del déficit
presupuestario por el incremento del gasto
público
De esta forma, uno de los principales retos
que plantea el nuevo siglo para los gobiernos
consiste en determinar el modo en que se
debe intervenir para conseguir una interacción
efectiva entre todos los agentes Para ello,
la Administración pública debe asumir, entre
otras, las funciones de garantía de provisión a
toda la población de un nivel de bienestar, a
través de la mejora de los servicios sociales
básicos y dinamización de la sociedad civil
para que alcance el máximo protagonismo,
no sólo en las esferas política y social, sino
también en la económica Una sociedad
dinámica que participe activamente en la toma
de decisiones políticas, que se responsabilice
de sus acciones, que tome las riendas de su
propio destino, guiándose por los principios de
solidaridad y justicia, y que cree un entorno
favorable al cambio y a la innovación, es la clave
del progreso en este nuevo siglo
Por este motivo, la evaluación debe incorporarse
desde el primer momento de la planificación,
ya que es muy importante examinar de modo
sistemático la idoneidad de la lógica y de las
relaciones de causalidad entre las actividades
programadas, objetivos y fines, y la adecuación
de los sistemas articulados para la ejecución
de la política Igualmente, con la evaluación
se debe analizar el grado de aceptación y
la capacidad de los responsables políticos,
gestores y técnicos para poner en marcha los
sistemas de seguimiento y evaluación
No obstante, a menudo se considera la
evaluación como la última etapa del proceso
planificador con el único fin que valorar los
resultados de la política y, a su vez, servir de
base para un nuevo ejercicio de planificación
de la intervención pública Sin embargo,
esta orientación puede resultar restrictiva