Claves - UGT Andalucía

062
reflexiones socio
laborales de la
UGT Andalucía
en el análisis de sus impactos Cabe, por
tanto, entender la evaluación como un proceso
integral de observación, medida, análisis e
interpretación, encaminado al conocimiento de
la intervención pública, que permita alcanzar un
juicio valorativo basado en evidencias respecto
a su diseño, puesta en práctica, efectos,
resultados e impactos Este planteamiento
amplio de la evaluación de la acción pública
precisaba en el caso de España de la reflexión
y la toma de decisiones para la construcción
del marco institucional más adecuado para su
desarrollo
En el año 2006, el gobierno de España
aprobaba el Estatuto de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios (AEVAL) (Ministerio de Presidencia,
2006) Esta creación fue precedida de un
triple consenso gubernamental, siendo así
la respuesta al compromiso electoral, a las
recomendaciones académicas de la Comisión
de expertos (Ministerio de Administraciones
Públicas, 2004), y al escenario legislativo, toda
vez que la autorización para crear la Agencia
se contiene en la disposición adicional primera
de la Ley de Agencias Estatales (Ley 28/2006,
de 18 de julio de Agencias Estatales para la
mejora de los Servicios Públicos)
Podemos asumir la aproximación de Garde
(2006), quien definía la institucionalización de
la evaluación como el proceso político en que
se aglutinan varios elementos: la legitimación
de un marco normativo para el desarrollo de
la evaluación, la estructuración de espacios e
instancias en las administraciones públicas que
se encargarán de esta función y su ubicación
en distintos niveles de gobierno en función
de actividades o sectores de evaluación A
ello debería, a nuestro juicio, incorporarse
el compromiso de la transmisión del saber
para el progreso de la institucionalización
Con la creación de la AEVAL y el trabajo que
ésta ha desarrollado en los últimos años
se ha abierto de manera notable la puerta
de la institucionalización de la evaluación en
España, pero todavía queda un largo trecho
para tomar decisiones y caminar Aspectos
relevantes como quién evalúa y sobre qué
acción política, qué uso se hace del informe o
de otros posibles resultados de la evaluación,
qué repercusiones tienen los informes, y en
qué medida las políticas presentes son más
eficaces, más eficientes y más ajustadas a las
necesidades de la sociedad como resultado de
las evaluaciones realizadas en el pasado Para
el establecimiento de un adecuado entramado
de procesos, funciones, estructuras y recursos
que favorezcan respuestas adecuadas a las
cuestiones anteriores, son necesarias ciertas
decisiones estratégicas que no se circunscriben
únicamente a una cuestión de arquitectura
institucional sino que alcanzan a asuntos tales
los sistemas de información de metodologías
e indicadores, marcos normativos para la
evaluación, etc
Las posibilidades de evaluación de las políticas
no se agotan ni pueden ni deben hacerlo en la
actividad de una sola institución, sino que ésta
debe estar sustentada de forma adecuada por
un amplio tejido institucional en los distintos
niveles de gobierno
La opción de crear una agencia especializada
funcionalmente facilita, a priori, el
mantenimiento de un nivel de exigencia y la
observancia de unos criterios epistemológicos
y técnicos de evaluación, de acuerdo con el
paradigma aceptado en la investigación de las
ciencias sociales Además, la especialización
organizacional tiene la capacidad de actuar de
motor para fomentar la evaluación –sea ésta
interna o externa en otras instituciones
Así, la creación de pequeñas unidades de
evaluación en distintas instancias, ministerios,
consejerías, etc es resultado, entre otros
factores, de la promoción de la cultura
evaluadora
No obstante, hay ciertas limitaciones y riesgos
en uno u otro tipo de diseño estructural que
necesitan ser considerados Ninguno de ellos
es determinante, y no es en absoluto nuestra
intención apuntar diseños institucionales
mejores o peores, puesto que nuestra
aproximación más bien invita a la construcción