Claves - UGT Andalucía

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Soportable VARIABLES MEDIOAMBIENTALES Esta necesaria interrelación entre la viabilidad económica y ambiental con la equidad y justicia social plasmadas en un territorio concreto, muestra el consenso alcanzado desde el punto de vista institucional, técnico y académico Sin embargo, el cuestionamiento de las políticas a aplicar y el grado de regulación y protagonismo de las administraciones públicas en la gestión del territorio está presente continuamente, máxime en una comunidad como la andaluza donde las prácticas de ocupación del territorio distan bastante de ese modelo VARIABLES SOCIALES SOSTENIBLE Viable Equitativo VARIABLES ECONÓMICAS reflexiones socio laborales de la UGT Andalucía En su andadura autonómica, Andalucía tiene una larga tradición en la elaboración de legislación e instrumentos sobre la Ordenación del Territorio desde la Propuesta de Comarcalización de 1983 hasta el último Plan Subregional aprobado, el correspondiente a la Costa Noroeste de Cádiz (Abril 2011) De hecho, es la Comunidad Autónoma con más instrumentos aprobados, tal y como refleja el último informe del Observatorio para la Sostenibilidad de España: 035
036 reflexiones socio laborales de la UGT Andalucía La experiencia de todos estos años, en los que se han vivido períodos de auge y de crisis importantes, permite reflexionar sobre los logros alcanzados, que son muchos, pero también sobre la conveniencia de replantearse algunos aspectos, sobre todo de gestión y de políticas proactivas, en un modelo de desarrollo económico, social y territorial que la crisis actual ha cuestionado y, en concreto, en la capacidad que tiene el territorio andaluz para posicionarse ante los retos que se presentan en línea con las otras contribuciones incluidas en este número de Claves En primer lugar, existe un claro desfase entre los fines que persigue la legislación y los efectos de la puesta en funcionamiento de los instrumentos de planificación que emanan de ella Algunas de las inercias de ocupación del territorio por parte del sector inmobiliario, turístico y residencial se han exacerbado sobre todo en los años previos a la crisis de 2008 La consecuencia ha sido, y continúa siendo, el deterioro del llamado capital territorial, en concreto en lo que respecta a los aspectos paisajísticos y a los costes económicos, ambientales y sociales de los procesos de urbanización de baja densidad y dispersos Desde sus orígenes, las políticas sobre ordenación del territorio han mantenido un dilema permanente: definir solamente los sistemas de articulación territorial relacionados con el sistema de asentamientos urbanos y los sistemas de protección y actuar sobre ellos o intervenir también a través de políticas y actuaciones directas incluidas en las estrategias de desarrollo económico La administración democrática española tiene poca experiencia, y en algunos casos voluntad, de gestión directa en actuaciones relacionadas con la actividad económica de los territorios que no sean las que se refieren a la articulación de los mismos (infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos, sistemas de protección ) Dejando al lado el debate económico-ideológico con respecto a la prevalencia y necesidad de políticas de oferta o demanda (grados de liberalismo o keynesianismo), la experiencia andaluza corrobora la necesidad del protagonismo público en las políticas económicas espaciales No hay que olvidar que Andalucía es una región con déficits importantes en capacidad emprendedora, innovadora e inversora por parte del sector privado, en comparación con otras comunidades autónomas y regiones europeas, como recientemente ha vuelto a constatar el informe sobre Andalucía del programa LEED de la OCDE de 2011 Precisamente, dichas recomendaciones abogaban por un cambio de paradigma en las políticas de preservación del interés público basado en el fortalecimiento del protagonismo de la sociedad La Agenda Territorial Europea de horizonte 2020 enfatiza la cohesión y el reconocimiento de la diversidad territorial como garantes de la competitividad del territorio europeo articulado a través de redes de cooperación Descendiendo a escala de lo cotidiano, estas estrategias conllevan ampliar el derecho constitucional a una vivienda digna, al derecho al espacio que se comparte, el territorio Las políticas públicas, por tanto, tienen que velar por la lucha contra la exclusión territorial La accesibilidad al espacio común (equipado o natural) se convierte, pues en el leimotiv de las mismas La reivindicación del “derecho a la ciudad” de Lefevre hace más de cincuenta años, se complementa hoy con la garantía de la igualdad de oportunidades en la ciudadterritorio en la que se vive y convive Naturalmente, una de las claves consiste en modificar el acercamiento al territorio a partir de concepciones más estratégicas, participativas y compartidas En España, la legislación urbanística y territorial encorseta en demasía esta posibilidad La gestión eficiente del territorio exige un conocimiento de los impactos económicos, ambientales y sociales de las políticas públicas y eso conduce al diseño de indicadores que reflejen los cambios en la calidad de vida de las personas que lo habitan
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