Biomecánica en la Valoración Médico Legal de las Lesiones

El factor corrector de la incapacidad permanente en el sistema valorativo de la Ley 30/1995.
Determinación de su consistencia perjudicial y resarcitoria a través del argumento histórico
cer la incapacidad que contemplada. A su vez, el prejuicio estructural consiste en obviar que la
vertebración del daño corporal constituye una elemental exigencia de la cultura valorativa, siendo
imprescindible separar, como nivel previo, la perjudicialidad personal y la perjudicialidad patrimonial,
para, dentro de una y otra, distinguir los diversos niveles de la individualización dañosa,
diferenciándose así lo común, general u ordinario (primer nivel), lo especial, particular o
extraordinario (segundo nivel) y lo excepcional, atípico o singular (tercer nivel).
Esos concretos prejuicios, que funcionan en concurso, deben desgranarse; y, al hacerlo, debe
protestarse la prejudicialidad con que se encara la perjudicialidad (personal) en la que la incapacidad
o discapacidad de carácter permanente se inserta como concepto dañoso. Tal realidad es
particularmente grave cuando, además, con autosufi ciencia descarnada, se ignora la ignorancia
y se cree saber lo que no se conoce (bajo el pretexto secante y prestigioso del in claris), faltando
la pertinente y necesaria refl exión crítica, sin que, por otra parte, la desidia doctrinal y, por
tanto, la ausencia de estudios técnicos sobre ella facilite su realización; y es que estamos ante
una materia en la que todos se atreven a opinar y pocos profundizan penetrando en sus bases
verdaderas.
La refl exión apuntada es indefectible, pues se trata de una norma relevante que constituye
una de las piedras angulares con las que se construye el tratamiento resarcitorio de la perjudicialidad
personal ligada al daño corporal irremisible, en virtud de su ajuste al esquema normativo
del trío de circunstancias que han de diferenciarse, a los efectos del cálculo indemnizatorio
—los perjuicios generales, los perjuicios especiales y los perjuicios excepcionales—, para atender
los niveles o estadios consecutivos de la individualización perjudicial, presupuesto imprescindible
de la personalización resarcitoria. La falta de cavilación sobre su papel individualizador, ahogada
bajo el prejuicio estructural, constituye la principal razón por la que es, quizá, la norma
tabular que se vulnera con más contundencia, con menos consciencia y, desde luego, en general,
con lamentables consecuencias.
Es norma que funciona de forma descoyuntada, porque se aplica o deja de aplicarse por
mor de su signifi cante laboral (primer prejuicio laboral); y esta música aboca a la irregularidad
de vincular el factor (aunque, normalmente, de forma bastante inespecífi ca) con la perjudicialidad
patrimonial (tercer prejuicio laboral), siendo la fuente de la mayor parte de sus desdichas
funcionales, pues queda entonces sin compensar el perjuicio personal de actividad y queda
mal resarcido (por defecto o por exceso; sin poderlo casi nunca calibrar) el perjuicio patrimonial
del lucro cesante, careciendo su compensación, sin duda, del más mínimo valor demostrativo.
Es norma en la que de forma persistente ejerce su señorío la negligencia de la forensía, la
nec-legentia de los prácticos implicados —abogados, peritos, tramitadores de siniestros, fi scales
y jueces; y también los crecientes zurupetos, juristas de pane lucrando—, sin que la doctrina
civilista, que apenas se ocupa del sistema, le haya prestado, en términos generales, la atención
que merece. Y, en los poquísimos casos en que la doctrina se ha referido a ella, lo ha hecho con
poca brillantez y, desde luego, de forma desenfocada, sucediendo igual con los estudios (más
abundantes; pero, con todo, escasos) de los médicos legistas, los cuales centran sus análisis en
la medición de las lesiones permanentes o secuelas, pero descuidan las implicaciones del perjuicio
derivado de actividad, refi riéndose a él como si anduvieran sobre unas ascuas que, para no
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