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EL SISTEMA DE RETENCIONES EN ENTREDICHO TRAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
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ría entonces argüirse lo mismo en relación con el enriquecimiento
injusto del retenido a costa del patrimonio
de la empresa que no retuvo o lo hizo insuficientemente,
lo cual ocurre cuando efectuando ésta
el ingreso de las retenciones en acta de la Inspección,
el empleado que no dedujo dichas retenciones
en la declaración de su IRPF solicite y obtenga
de la Administración la devolución de ingresos indebidos
y se niegue posteriormente a reembolsarlas a
la empresa, pues como ya hemos dicho, actualmente
no tienen obligación a tal reembolso, aunque la
AN parece empezar a reconocerlo, si bien en fundamentación
obiter dicta.
Jurisprudencia novedosa del Tribunal Supremo.
Dado que como hemos dicho, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo afecta al sistema de retenciones
no sólo estatal sino también al foral, vamos a
continuación a dar paso a lo que estas sentencias
suponen refiriéndonos, como así lo hace el TS, a las
Leyes sucesivas del IRPF, pero que es perfectamente
válido para el caso de las Normas Forales de dicho
Impuesto que han ido aprobándose a la par que las
Leyes estatales.
1. STS 27 de febrero de 2007.
En este caso, el retenedor no practicó retención
alguna porque creyó que pagaba rendimientos de
actividades empresariales, no sujetos a retención,
cuando la Inspección los calificó como rendimientos
de actividades profesionales, que sí lo estaban. Los
hechos sucedieron en los años 1992 y 1993, en vigor
entonces la Ley IRPF-1992 cuyo artículo 98
coincidía en lo que aquí interesa con el artículo 36
de la precedente Ley IRPF-1978 16 . En su FJ 7º, en
cuanto a la autonomía de la retención dispone que
16)
El artículo 98.2 sería modificado por el artículo 5.1 de la Ley
13/1996 de 30 de diciembre en el sentido expuesto líneas arriba
a partir del ejercicio 1997.
“no es el sujeto pasivo quien discrepa de la retención
que se ha practicado que es la hipótesis que
contempla el artículo 36.1 de la Ley. Es la administración
quien toma esa iniciativa, pero obviando el
trascendental hecho de que la deuda principal ha
sido pagada”, insistiendo en que estos hechos son
distintos a la previsión del artículo 36.1 de la Ley,
en base a tres motivos:
1. porque la liquidación de la deuda principal
ya se ha producido
2. porque coinciden la retención de la empresa
y del empleado (en este caso, ninguna).
3. y porque la obligación principal se ha extinguido,
lo que normalmente sucederá por el
pago o la prescripción de dicha obligación.
Por lo tanto, si se cumplen estos tres requisitos
nada se podrá exigir ya a la empresa, salvo los intereses
de demora y las sanciones que en su caso
fueren procedentes.
Esta Sentencia hace alusión a lo que obiter dicta
dictaminó la STS de 13 de noviembre de 1999 y
que ahora se toma en consideración como ratio decidendi,
que en su FJ 8º además dispone que la duplicidad
de pagos no puede ser consecuencia lógica,
natural y jurídica del sistema de retenciones y
que “…de no haber existido dicha duplicidad, la
Administración debió acreditarlo”. Por lo tanto, podemos
colegir que si en el momento de ser requerida
la empresa para el pago de las retenciones se
hubiese también notificado a los empleados su derecho
a la devolución de las mismas, no habría entonces
enriquecimiento injusto de la Administración, la
única perjudicada entonces habría sido la empresa
si no pudo repercutir a sus empleados la retención,
como hasta ahora hacen los Tribunales del Orden
Social, por lo que el enriquecimiento injusto sería de
GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO