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LOS PROBLEMAS DEL CONCIERTO ECONÓMICO EN EUROPA (I):
DESDE 1988 HASTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2004
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Por lo que se refiere al ámbito europeo no nos
debe extrañar que la capacidad normativa reconocida
en el Concierto Económico sea contemplada
con recelo por parte de la Comisión Europea.
Resulta especialmente patente la ausencia de referencia
alguna a la fiscalidad ni entre los objetivos
principales de la Comunidad enumerados en el artículo
2 del Tratado de la Comunidad Económica Europea
2 (Tratado CE) ni entre la prolija relación de
acciones a disposición de la Comunidad para la
consecución de dichos fines contenida en el artículo
3 del mismo. Es por ello que las limitadas capacidades
otorgadas a la Comunidad en el ámbito tributario
se encuentran funcionalmente constreñidas a prevenir
las medidas que puedan constituir un
obstáculo al pleno ejercicio de las libertades básicas
de circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales y asegurar la libertad de establecimiento
en el seno de la Unión.
Si nos fijamos en las disposiciones del Tratado
CE referidas explícitamente a la fiscalidad, únicamente
encontramos las contenidas en el capítulo 2
del Título VI, artículos 90 a 93, que se refieren con
carácter exclusivo a la fiscalidad indirecta y que
constituyen la base jurídica sobre la que se ha construido
la armonización del IVA y los Impuestos Especiales.
En lo que se refiere a la fiscalidad directa
únicamente el artículo 94, relativo a la “aproximación
de las legislaciones” de los Estados miembros
que incidan directamente en el establecimiento o
funcionamiento del mercado común, ha sido utilizado
como soporte para la aprobación de las escasas
directivas aprobadas en la materia, lastradas
por la exigencia de unanimidad en el seno del Consejo
que el propio precepto prevé.
2)
Las referencias que se hagan en el trabajo en adelante deben
entenderse realizadas a la versión consolidada del Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea, con las modificaciones
introducidas por el Tratado de la Unión Europea y las previstas
en el Tratado de Amsterdam.
Precisamente la ausencia de instrumentos de armonización
a disposición de la Comisión ha empujado
a ésta a ser especialmente celosa en la vigilancia
de las disposiciones fiscales de los Estados que
pudieran ser susceptibles de limitar la plena efectividad
de las libertades básicas o que puedan afectar
a la libre competencia dentro de la Unión. Para
ello, la Comisión dispone de los elementos que se
derivan de la disciplina reguladora de las ayudas
estatales que proscribe cualquier ventaja otorgada
por los Estados o mediante fondos estatales que,
bajo cualquier forma falsee o amenace falsear la
competencia, favoreciendo a determinadas empresas
o producciones, en la medida en que afecten a
los intercambios comerciales entre Estados miembros
3 . Y es aquí donde la Comisión encuentra obstáculos
insalvables para el ejercicio de competencias
normativas por parte de las regiones y donde
precisamente comienzan los problemas para el
Concierto Económico, en tanto que reconoce dicha
capacidad en el ámbito de la fiscalidad directa de
las empresas. La Comunidad debe dar respuesta a
la cuestión de si es compatible con el mercado común
la coexistencia dentro de un mismo Estado
miembro de diversos regímenes fiscales de imposición
directa en la medida en que cada uno de ellos
es aplicable a “determinadas empresas o producciones”
en función de las reglas de distribución competencial
que rijan las relaciones dentro del propio
Estado.
El legítimo ejercicio de sus competencias, reconocidas
constitucionalmente, por parte de las Instituciones
Forales ha provocado continuos roces de la
normativa foral aprobada en materia del Impuesto
sobre Sociedades con el Derecho Comunitario. Sin
embargo los problemas han sido tan diversos y de
naturaleza tan heterogénea que, en algunos casos,
resulta difícil interpretar adecuadamente la situación
3)
Artículo 87 del Tratado CE
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