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y contra el Acuerdo de las Juntas Generales de Álava
de 13 de junio de 2006 (publicado en el BOT-
HA de 27 de junio) que lo convalidó.
SEGUNDO.- Seguidos los trámites pertinentes,
el 28 de marzo de 2005 se formalizó demanda en
la que se pretendía la declaración de nulidad de
las normas impugnada.
Tras aludir, tanto a las características que a juicio
de la parte recurrente presentaría el régimen fiscal
de los territorios hist6ricos del País Vasco, como
a la normativa del Impuesto de Sociedades establecida
por Norma Foral 3/1.996 y a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2.004
que anuló numerosos preceptos de la misma, se
centraba la fundamentación en dos tipos de infracciones
achacadas a la nueva Norma Foral; por incumplir
el régimen tributario prohibitivo de las ayudas
públicas, contenido en los arts. 87 y 88 del
Tratado CE¡ y por establecer privilegios que lesionan
preceptos constitucionales referidos al principio
de solidaridad, (Arts. 2, 138 Y 156), al de igualdad,
y al de unidad de mercado, además de ser
contrarias al Concierto Económico aprobado por
Ley 2/2.002, de 23 de Mayo, al establecer privilegios
que implicarían una presión efectiva global
inferior a la que existe en territorio común para las
empresas sujetas al Impuesto de Sociedades.
Como fundamento principal, y haciendo variadas
citas normativas y de la jurisprudencia comunitaria
e interna, el recurso expone que tales medidas
fiscales constituyen Ayudas de Estado a los efectos
del artículo 87 del Tratado CE, y están siendo aplicadas
sin haber sido comunicadas a la Comisión
Europea para que se pronuncie sobre su compatibilidad
con el Tratado. Los Fundamentos Noveno y
Décimo se dedican a desarrollar las infracciones de
derecho constitucional que se atribuyen a la disposición
recurrida.
Se cuestiona también la retroactividad que a juicio
de la recurrente supone la Disposición Final 1ª
impugnada.
TERCERO.- En escrito presentado el 16 de
mayo de 2005 la Diputación Foral de Álava contestó
a la demanda rechazando que las disposiciones
impugnadas constituyan ayudas de Estado, por carecer
del requisito de especificidad o selectividad,
con exhaustivo examen de decisiones de la Comisión
y del TJCEE y de otros elementos de interés en
el panorama del derecho comunitario y que las disposiciones
impugnadas contravengan principios
constitucionales de solidaridad e igualdad o el Concierto
Económico vigente.
En sentido esencialmente coincidente se opusieron
los restantes codemandados.
CUARTO.- Recibido el pleito a prueba y evacuando
el trámite de conclusiones quedaron los autos
pendientes de señalamiento para la Votación y
Fallo.
En ese estado de trámite resolvió la Sala en los
términos que a continuación se exponen¡ "Visto el
estado de conclusión del presente proceso, al que
por razón de la materia el artículo 66 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo
antepone para su Votaci6n y Fallo, y sin prejuzgar
ahora este Tribunal la procedencia de su
planteamiento, óigase a las partes por plazo común
de diez días acerca de la pertinencia de remitir prejudicialmente
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
la cuestión interpretativa de si las medidas tributarias
contenidas en la norma impugnada son
contrarias al Tratado por causa de ser susceptibles
de calificarse como Ayuda del artículo 87.1, y haberse
promulgado sin cumplimiento del deber de
comunicación previa a la Comisión dispuesto por el
artículo 88.3 y la jurisprudencia comunitaria."
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GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO