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LOS PROBLEMAS DEL CONCIERTO ECONÓMICO EN EUROPA (I):
DESDE 1988 HASTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE DICIEMBRE DE 2004
tando el derecho de establecimiento en el seno de
la Unión. Algún ejemplo hemos tenido en la materia
como es la Decisión de la Comisión 93/337/CEE
relativa a las Normas Forales de reactivación de la
actividad económica de 1988, de la que más adelante
hablaremos.
c) La política de ayudas de Estado
La posibilidad de que las normas fiscales aprobadas
en ejercicio de la capacidad normativa derivada
del Concierto Económico choquen, bajo determinadas
circunstancias, con las reglas de
competencia vigentes en la Unión, es donde encontramos
los problemas más específicos de encaje de
aquél con la normativa comunitaria.
El establecimiento de un régimen que garantice
que la competencia no sea falseada en el seno del
mercado común constituye un elemento consustancial
al propio proceso de construcción del mercado
integrado. Al servicio de ese objetivo responde, precisamente,
lo dispuesto en los artículos 87 y siguientes
del Tratado CE. El análisis de dichos preceptos
en relación con las normas forales de carácter tributario
nos permitirá identificar con claridad cual es el
problema específico del Concierto Económico con
la normativa europea.
El artículo 87 del Tratado CE dispone:
“Salvo que el presente tratado disponga otra
cosa, serán incompatibles con el mercado común,
en la medida en que afecten a los intercambios comerciales
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas
por los Estados o mediante fondos estatales,
bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear
la competencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones”.
Si bien la aplicación de las reglas relativas a las
ayudas de Estado a la medidas relacionadas con la
fiscalidad directa de las empresas no constituye una
novedad, dicha aplicación recibió un enorme impulso
a raíz de la aprobación del Código de Conducta
21 en el que, además de las consecuencias que
se derivaban del compromiso político adquirido de
desmantelamiento de las medidas potencialmente
perniciosas, la Comisión asumió la obligación de
elaborar unas directrices sobre la aplicación de los
entonces artículos 92 y 93 (hoy 87 y 88) del Tratado
CE a las medidas relacionadas con la fiscalidad
directa de las empresas y “ a velar escrupulosamente
por que se apliquen con todo rigor las normas relativas
a las citadas ayudas”. Este compromiso fue
cumplido por la Comisión con la aprobación de la
Comunicación SEC (1998) 1800 final 22 .
Comienza en ella la Comisión por diferenciar
dos tipos de falseamiento que impiden el buen funcionamiento
del mercado común: por un lado,
aquellas medidas fiscales generales que pueden
obstaculizar dicho buen funcionamiento, respecto
de las que el Tratado ha previsto la posibilidad de
armonizar las disposiciones fiscales de los Estados
miembros y, por otro, los falseamientos de la competencia
que provienen de las ayudas estatales de
carácter fiscal que, a su vez, dependen de un régimen
de autorización previo de la Comisión, bajo
control del juez comunitario. Es en relación con éstas
últimas respecto a las que se prevé la aplicación
del artículo 87 del Tratado CE, extrayendo del mismo
los requisitos que una medida fiscal debe cumplir
para ser considerada ayuda.
21)
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de
1 de diciembre de 1997 relativa a un Código de Conducta sobre
la fiscalidad de las empresas. (DO nº C 002 de 6 de enero
de 1998).
22)
DOCE C 1998/384, de 10 de diciembre.
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