200612 Seminario Sobre Coordinación Entre el Derecho Indígena y ...

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donde tuve el gusto de conocerla, fue verdaderamente objetivo y si no hubiese sido así tal vez se
hubieran ocultado aspectos que el tribunal desconocería para emitir un fallo.
Al licenciado Otto Marroquín quisiera preguntarle si considera que el peritaje cultural debería de
incluirse dentro de la normativa procesal penal, dentro del capítulo de pericias especiales o
basta únicamente que se tenga el artículo de la prueba para ofrecer un peritaje cultural, tomando
en cuenta que esta figura es desconocida, no solo por operadores de justicia, sino también por
abogados que litigan que en un momento dado tienen en sus manos la defensa de personas
indígenas. Muchas gracias.
Licenciado Otto Marroquín
Efectivamente usted mismo ha dado la respuesta, yo creo que en la libertad de la prueba está la
solución, porque es uno de los grandes logros de este Código Procesal Penal, la libertad de la
prueba y no solo en sí, la libertad de la aportación de cualquier medio de prueba sino también de
la valoración de la prueba, la valoración de la sana crítica razonada que incluso la enfatiza el
Código como uno de los grandes avances, y por cierto, creo que como muchos, yo soy un
enamorado de este Código, me tocó ser impulsor de ese Código como Subdirector de la Unidad
de Planificación y Promoción de la Justicia Penal al interior de la Corte Suprema de Justicia, e
impulsar desde el Ministerio Público esa política, pero yo creo que el peritaje cultural es importante
que se lleve a cabo; pero insistir en algo que apuntaba la licenciada hace un momento, no
debemos establecer normativas específicas porque le entramos a una regulación y anulamos
esa prueba, dejando con esa regulación abierta y que tiene como única limitación dentro del
Código Procesal Penal la prueba ilícita, los famosos frutos del árbol envenenado, esta regulación
es la más acertada.
Casimiro Hernández, Agente Fiscal del Ministerio Público de Santa Cruz del Quiché
Para la doctora Mayén, cuando ella hacía referencia a las diferencias entre los dos sistemas, con
la modestia del caso, quisiera agregarle una más y usted me dirá si estoy en lo correcto o no. El
costo que significa para las partes procesales: hagamos un balance de cuánto le cuesta a un
indígena ir al sistema oficial, especialmente cuando se le solicita la presencia de un abogado, en
cambio con las autoridades indígenas van directo y no necesitan tanto formalismo, el
procedimiento ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y finalmente un juez. En cambio
en el sistema indígena es totalmente distinto, van directamente a las autoridades y se resuelve.
El acceso a la justicia: a pesar de los esfuerzos que se han hecho por crear juzgados de paz en
los municipios, aun hay muchas comunidades distantes a las cabeceras municipales y la gente
tiene que acudir hasta allí, en cambio las comunidades resuelven los conflictos sin necesidad de
estarse trasladando a distancias enormes que implican gastos para los interesados; y algo que
sí me inquieta y que usted hablaba, como que se va en un camino de codificación, esto me
inquieta porque el sistema jurídico indígena es demasiado amplio, podemos hacer aquí una
especie de estadística, hay representantes de las etnias indígenas y de diversas comunidades,