200612 Seminario Sobre Coordinación Entre el Derecho Indígena y ...

Seminario sobre coordinación entre el Derecho Indígena y el Sistema Jurídico Oficial
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la ley general faculta a comunidades indígenas, no hay una instancia ni les permite resolver
homicidios. Ahora la práctica es otra cosa, hay comunidades que no tienen instancia de apelación
y lo que resuelve la autoridad es lo que se tiene que acatar, hay otras que sí, son internas, por
ejemplo, la asamblea se puede reunir a revisar lo que hizo el presidente municipal, el síndico, el
alcalde o acuden al consejo de ancianos en algunos casos; puede haber instancias internas
para revisar lo que se resolvió, ahora en la práctica también se utilizan las instancias estatales
como instancia de apelación, entonces si yo no estoy de acuerdo con lo que hizo mi autoridad,
voy y lo denuncio al Ministerio Público y a veces lo procesan por abuso de autoridad, eso es lo
que decía hace un momento, hay como un desfase, porque si bien es legítimo que alguien tenga
un recurso para apelar a fin de cuentas, los criterios que se usan para resolver la apelación no
son los que usó la autoridad para construir su resolución, eso pasa en la práctica.
Respecto a los homicidios la ley mexicana no permite a las autoridades indígenas que resuelvan
homicidios, muchas comunidades desde la colonia mandan sus homicidios a las autoridades
internas pero otras no. Sí hay un caso, lo he visto en Chiapas y en el mismo Oaxaca, casos
donde sí se hacen cargo de los homicidios, a veces en este tipo de soluciones muy impresionantes,
muy interesantes, se reúne a veces la comunidad, empiezan a discutir, resuelven qué tienen que
dar, cómo castigan, cómo sientan un procedente para que otros no sientan tan fácil que los van
a poder matar y después yo pago, entonces todo eso se discute dentro del pueblo y se alcanzan
soluciones, hay otros donde hay otras soluciones más cuestionables como lo decía antes como
la venganza, incluso la propia autoridad mata a alguien, o cosas como éstas, bueno es más
discutible pero se da en México, o sea, el mosaico de posibilidades de lo que hacen los pueblo
indígenas en el país es muy amplio, pero el marco jurídico estatal y nacional todavía son
restringidos, aunque ya permiten muchas cosas pero todavía son restringidos para entender y
para dialogar con estas cosas.
Edwin Eduardo Rosales Parada, Agente Fiscal del Ministerio Público, Totonicapán
Usted habló sobre el reconocimiento de sistemas normativos internos de los pueblos indígenas
y de su jurisdicción ¿qué estudios, qué medios, qué instrumentos usaron ustedes en el caso de
Oaxaca?
Doctor Juan Carlos Martínez
Bueno, hay un reconocimiento de sistemas normativos para cuestiones electorales, familiares,
para el derecho penal todavía no porque se topa con la idea de la estricta aplicación de la ley
penal, no hay efectivamente sistemas normativos. En Oaxaca lo que hay en general en México,
es un montón de estudios antropológicos, etnográficos, que retratan o intentan reconstruir los
sistemas comunitarios y sobre todo desde ciertos paradigmas teóricos se trata de demostrar que
hay una cuestión sistémica, dentro de la comunidad que permea todo lo que hace la comunidad
y allí se puede estructurar. Esto puede ser discutible o no pero, ciertamente lo que sí encontramos
en Oaxaca son pueblos con una continuidad histórica, con instituciones, con normas que aplican