200612 Seminario Sobre Coordinación Entre el Derecho Indígena y ...

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y del pensamiento maya al momento de poder emitir la resolución o una sentencia. Quisiera dar
referencias breves, reservándome nombres y demás datos de un juez de origen indígena, con el
conocimiento de las implicaciones socioculturales, políticas y éticas que tiene el calendario maya,
programa sus audiencias basado en el calendario sagrado de 260 días, es una experiencia de lo
que hace una persona de origen indígena, lo cual puede hacerlo también una persona no indígena.
En cualquier caso los ancianos y cofrades comparecen en el despacho de una juez, le manifiestan
que quieren conocer ese caso en el seno de la comunidad y quieren participar dentro de ese
caso, pero la respuesta espontánea es que no figuran como sujetos dentro del proceso.
En cambio la persona, la juzgadora, ya con la formación del derecho maya reacciona y dice,
estas personas sí quieren abordar el derecho maya, cede posteriormente y dice conózcanlo
dentro del derecho maya. Las personas indicadas renuncian, son de origen k’iche’, renuncian al
conocimiento de su autoridad, se someten a la autoridad kaqchikel, llegan con el alcalde
comunitario, pero él manifiesta que por ser el caso religioso le compete a la cofradía y a los
ancianos, entonces dejo esto como una reflexión de las experiencias que se ven y son chispas
iniciales de ese proceso de coordinación que puede haber más adelante. Mi pregunta hacia el
licenciado Marroquín es ¿cuáles serían las limitantes inmediatas de acuerdo a su experiencia,
que se han visto para pretender esa coordinación entre el derecho oficial y el derecho indígena?
Muchas gracias.
Lic. Otto Marroquín
Sucintamente le quiero responder en esta forma. Los jueces tienen un conflicto para resolver y
decir: aplico el derecho indígena o bien aplico el derecho oficial, y es que nuestra Constitución
Política se quedó demasiado corta para permitir un espacio jurídico de aplicación del derecho
indígena y ante eso han tenido que hacer una integración con las normas del Convenio 169
para llevarlo a cabo, y es un panorama totalmente distinto, por ejemplo, el que tiene el juez
nicaragüense o el juez colombiano o el juez mexicano de algunos estados como el de Quintana
Roo u otro, donde las leyes a nivel constitucional y a nivel ordinario regulan expresamente el
derecho indígena, incluso en Nicaragua han gozado las regiones autónomas de una autonomía
completa, yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones con los consejos de ancianos, con
las comunidades indígenas del Atlántico en la costa norte de Nicaragua y donde ellos deciden
qué se hace con los recursos forestales y si una persona necesita la concesión, no va al Estado,
va con esa comunidad y es la única que creo tiene autorización para darla o no de acuerdo con
el impacto ambiental y demás aspectos; es decir que es una autonomía completa que les otorgó
el período de la revolución sandinista y que lo mantienen y que está plasmado en la Constitución,
entonces, hay un verdadera problema para el juez cuando realmente dice, bueno yo tengo una
conciencia social, reconozco esos derechos y tengo acá una limitación. Al respecto, cuando se
intentó hace algunos años la reforma constitucional, ésta se malogró porque ganó el NO a esas
reformas constitucionales que en alguna medida trataban de abrir un espacio constitucional. Yo
creo que debemos seguir en esa lucha para que realmente no estemos sólo buscando intersticios
legales como el Convenio 169 que no tiene aplicación general. El mismo Código Procesal Penal