Alberto Barreix, Martín - Biblioteca EUROsociAL

120que figura en la ejecución presupuestal de los Ministerios respectivos –salud, educación,social, etc.-. Debe reconocerse que este procedimiento, aunque prácticamente ineludible,es cuestionable por varias razones, a saber 82 :i) Se supone, implícitamente, que el beneficio recibido es igual al costo (medio) de laprovisión del bien o prestación del servicio. Un mayor gasto de GPS será interpretadocomo un mayor beneficio para su receptor, siendo que este mayor gasto puederesponder a mayores costos provocados por ineficiencias en su prestación. Tampocose analiza si la provisión privada del rubro pudiere ser más eficiente.ii) El ejercicio no incluye consideraciones relativas a la calidad del GPS. Si determinadogasto público –por ejemplo, el gasto en educación primaria- resulta progresivo, secomputará una mejor distribución del ingreso una vez recibido dicho gasto eimplícitamente se le estará juzgando como positivo. Este no será necesariamente elcaso si, en la realidad, la asistencia a la educación pública es una casi segura condenaa un pronto fracaso estudiantil y, en consecuencia, a la imposibilidad de acceder a losempleos mejor remunerados.iii) Se considera que la totalidad de las partidas presupuestales es recibida por losbeneficiarios, es decir, que no hay desvíos de las transferencias públicas debido a, porejemplo, corrupción. Si no fuese éste el caso, se estaría sobrestimando el impacto delgasto público.iv) Este supuesto ignora diferencias en los costos de prestación entre grupos; por ejemplo,los costos educativos en escuelas urbanas y rurales.v) Al considerar exclusivamente la ejecución presupuestal de los diferentes rubros delGPS, no se está imputando ninguna renta por el uso de la inversión –edificios yequipamiento-, que puede ser relevante en casos como el de la salud. Aunque existendiversos modos de estimar esta renta, se han dejado de lado por las complicacionesque dicha estimación introduce.vi) Por tratarse de microsimulaciones sin comportamiento, se escapa al análisis laposibilidad de que la transferencia pública desestimule la oferta de trabajo.82Véase CEDLAS (2005).