Alberto Barreix, Martín - Biblioteca EUROsociAL

47Este esquema se aplicaría en primer lugar a los programas que se han implementadoexitosamente como los de transferencias condicionadas de ingresos cuyo objetivo esaumentar la inversión en capital humano de los sectores más pobres y así quebrar latransmisión intergeneracional de la pobreza en el grupo familiar. Adicionalmente, elpaulatino envejecimiento de la población obligará a considerar en el mediano plazo laextensión de este tipo de transferencias a segmentos sin cobertura de pensiones. Estosería el núcleo de un Programa de Ingreso Universal (PIU) financiadas con imposicióngeneral, para lo cual el Estado deberá diseñar, gestionar y fortalecer la fuente de recursospara llevar esto adelante.En resumen, el financiamiento de políticas públicas en América Latina no tiene los trespilares que sustentan a los países desarrollados sino uno cojo, basado en un pilar y medio–IVA e impuesto a la renta incompleto— y, como mucho, podrá lograr uno que apoyesobre dos patas. Entonces, se hace perentorio optimizar la calidad de los pilarestributarios, muchas veces descuidados por los apremios de las tesoreríascomplementándolos de manera innovadora con los más eficaces instrumentos del GastoPúblico Social. Así, los efectos aislados de suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidaddeben ser observados en forma conjunta en el diseño de instrumentos que guíen lageneración y asignación de recursos.3.4. Una aproximación al costo fiscal de la erradicación de la Indigencia y laPobreza en América Central, Panamá y República DominicanaIndependientemente de la forma que asuma un programa de combate de la pobreza eindigencia en América Central, Panamá y República Dominicana, en el Cuadro 18 sepresenta una estimación del costo directo por año de un programa de dichascaracterísticas en este grupo de países 42 .42aleja de la realidad de Latinoamérica y el Caribe y el pago trimestral del beneficio, frecuencia que resultaexcesivamente larga en los países de la región.Skoufias y Parker (2001) estimaron que el costo de implementación de Progresa en México rondaba el 9% delmismo.