Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

Ramón Antonio Guzmán 123democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridadpública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y laprevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o laprotección de los derechos y libertades de los demás.La simple lectura del texto permite advertir, sin esfuerzo, (i) que la leyno puede ser el criterio exclusivo, (ii) que lo será sólo cuando coincidacon el criterio jurídico clave, (iii) que es, en una sociedad democrática, lanecesidad. Así, la injerencia de la autoridad pública en la vida íntima, enel domicilio y en la correspondencia del ciudadano estará permitida sólocuando los supuestos enumerados en el Artículo 8.2 del Convenio laconviertan en una diligencia pública necesaria.En consecuencia, es insuficiente el criterio adoptado por el TribunalConstitucional en su citada sentencia de 17 de febrero de 1984. De ahí,que el juez que deba emitir una resolución judicial que autorice laentrada al domicilio y el registro del mismo, deberá examinar no si talesacciones están simplemente justificadas, sino que habrá de negarlascuando no estén justificadas por la necesidad, basada ésta en lossupuestos que aparecen en el Artículo 8.2 del Convenio.Ese criterio es más plausible, por ser más restrictivo, que loestablecido en las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidosde América. En éstas el criterio jurídico clave para que la autoridadjudicial emita órdenes de allanamiento y registro de la morada delciudadano es la razonabilidad, 18 que es, a todas luces, un criterio másdébil que la necesidad. Un registro necesario es razonable pero unorazonable podría ser no necesario. Por eso tengo razones para pensar queel Tribunal Constitucional podrá, según se vayan planteando casos antesu consideración, desarrollar una doctrina jurisprudencial más progresistay abarcadora, que alcance una mayor altura al parangonarse con loslogros obtenidos —que no me parecen pocos— en Puerto Rico y losEstados Unidos.Debe consignarse, finalmente en este apartado, que el Artículo 18.2 dela Constitución configura uno de los derechos sujetos a suspensióncuando se acuerde el estado de excepción o de sitio, según lo establece elArtículo 55. 19 La forma en que está redactado este último, que permite la18 Véase el Artículo II, Sección 10 de la Constitución del Estado LibreAsociado de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la Constitución de losEstados Unidos de América, Infra, escolios 29 y 30.19 Artículo 55 de la Constitución: