Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

Wallace González Oliver 67por la cual una simple solicitud de permiso de construcción o unapropuesta de desarrollo en este país tenga que ser rumiada rutinariamentepor un número infinito de oficiales, cuando en última instancia sólo dos otres personas verdaderamente la estudian a fondo y la entienden. Creoque el interés público se defiende más efectivamente con diez horas deestudio por un oficial capaz y concienzudo que con media hora decontemplación por veinte funcionarios incapaces aunque bienintencionados.Quinto: la lentitud de algunas de nuestras agencias administrativas hasido y es inexcusable. En parte, esta lentitud se debe a la falta dedirectrices, a la falta de iniciativa o a la delegación impropia deresponsabilidades. Pero más frecuentemente, se debe a la duplicación deesfuerzos en agencias con jurisdicción concurrente. Espero no ser muycruel al decir esto, pero el burócrata puertorriqueño se ha convertido enun ser que se desplaza a una velocidad cataléptica, partiendo de unproblema inexorablemente insoluble, hacia una solución patentementeobvia, mediante el uso intensivo de una fotocopiadora.Este estupor administrativo, y la reglamentación inconexa en materiade planificación y permisos que lo acompaña, afectan adversamente anuestra economía, engendran corrupción, coartan la iniciativa privada, yatrasan la gestión pública. No es cierto que los únicos afectados sean losgrandes intereses económicos. Por lo general, éstos tienen los recursospara contratar profesionales que desenreden la maraña reglamentaria. Enúltima instancia, el costo lo sufre el gobierno o se le pasa al ciudadanocomún. Estoy convencido de que en Puerto Rico un por ciento sustancialdel precio de una casa corresponde a los costos relacionados con la reglamentacióninnecesaria. Ya lo dijo Spinoza: "El que trata de arreglar ydeterminar todo a través de la ley, enardecerá en vez de corregir losvicios del mundo."Sexto: nuestros gobiernos no se acaban de percatar de que el poder derazón de estado no es auto justificable; en Puerto Rico, este poder estálimitado por las cláusulas federales de justa compensación, del debidoprocedimiento, y de la igual protecci6n de las leyes. En otras palabras, elpoder de razón de estado no faculta al estado para actuar sin razón.En cierto sentido, los seis señalamientos que he resumido aclaran elverdadero mensaje de los casos de Glendale y Nollan. Creo que éste esun mensaje positivo que declara que el estado está obligado a adecuar lagestión pública a unos intereses definidos, y a su vez proteger al