Revista Volumen I (formato pdf) - Academia PuertorriqueÃ±a de ...

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Wallace González Oliver 65más reciente es el del caso de Pennell v. City of San José, 48 decidido haceapenas dos meses.El demandante en Pennell alegaba que la inclusión de la indigencia delarrendatario como uno de los elementos a considerarse al determinar elincremento de la renta bajo una ley de alquileres razonables le violaba laigual protección y el debido procedimiento al arrendador, y constituía un"taking" sin la debida compensación. El Supremo no tuvo la más mínimadificultad en decidir que no había violación al debido procedimiento o ala igual protección. Sin embargo, no quiso entrar en el análisis de Scaliabajo la cláusula de "taking", porque no se había probado que laindigencia del arrendatario en un caso específico hubiera resultado en ladisminución de la renta para un arrendador.La disidente de Scalia en Pennell propone que la mera inclusión de laindigencia como uno de los muchos elementos a considerarse aldeterminar el alquiler viola la Quinta Enmienda, por-que permite laimposición al arrendador de un peso que debería de ser compartido por elpúblico en general a través de impuestos de bienes raíces y subsidios alos arrendatarios indigentes. El hecho de que el Supremo no hubieraquerido examinar el efecto de la Cláusula de "Taking" que proponeScalia hasta que tenga un caso concreto sugiere que reconoce en esacláusula unas restricciones que no se encuentran en las del debidoprocedimiento y la igual protección. Queda por lo tanto abierta laposibilidad de impugnar bajo la Cláusula de "Taking" una reducción alalquiler que estuviera basada en la indigencia del arrendatario.Aunque el Juez Kennedy no participó en el caso de Pennell, lareputación que lo precede es parecida a la de Scalia, un conservador quecuestiona la interferencia del gobierno con la propiedad privada. Creoque se sumará a la mayoría de Glendale en cuanto al derecho decompensación por la congelación temporera, y no nos debería sorprendersi adopta una posición parecida a la de Scalia en casos como el deNollan. En un caso decidido en 1986, 49 por ejemplo, Kennedy indica queaunque el período prescriptivo en casos de expropiación a la inversa nocomienza a transcurrir hasta que haya una determinación final sobre elgrado de restricción a la propiedad, la duración del "taking" antes de que48 107 S. Ct. 3147 n. 4 y 315049 Norco Construction v. King Country, 801 F. 2d 1143 (9 Cir. 1986).
66 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 49 1989se adjudicara como tal puede ser relevante para determinar la cuantía delos daños sufridos por el propietario. 50Pero el tuétano del problema que nos ocupa hoy no reside en lainterpretación de Scalia, Brennan o Kennedy, ni en la propiaConstitución de los Estados Unidos. En mi opinión, el impacto disruptivoque podrán tener los casos de Glendale y Nollan sobre Puerto Rico sedebe a la ausencia histórica de una política reglamentaria coherente,eficiente y enfocada en materia de desarrollo de terrenos en nuestra isla.Para propósitos de la discusión, quisiera señalar lo que entiendo sonalgunas de las aflicciones principales que ha padecido la políticainmobiliaria puertorriqueña:Primero: está la falta de particularización en las metas de planificación.Vivimos en una isla de proporciones geográficas limitadas. Yaes hora de que se establezca un plan verdaderamente detallado dedesarrollo que defina específicamente los intereses públicos a serpromovidos a largo plazo.Segundo: una vez han identificado metas específicas que requierenexpropiación, los gobiernos de turno en Puerto Rico han desatendido lapresupuestación, evadido la compensación y demorado el procedimientoexpropiatorio. En ocasiones nuestro erario público ha terminado pagandomás, y continuará pagando más gastos administrativos, dañosretroactivos y costas de litigio de lo que le hubiera costado al gobiernoexpropiar inmediatamente.Tercero: con el debido respeto que me merecen nuestros planificadores,creo que el gobierno ha perdido noción del verdadero valor de latierra y se ha convertido en un especulador privado. La política decongelación para uso público en Puerto Rico a fin de cuentas no ha sidomás que la institucionalización de un costoso "lay-away plan" — reserveahora y preocúpese luego por pagar. Estamos tratando a nuestro máspreciado recurso natural como si fuera un par de zapatos para nuestroshijos. Cuando finalmente los vayamos a comprar, ya se les habránquedado chicos.Cuarto: el problema inmobiliario en nuestra isla se ha complicadoenormemente con la excesiva reglamentación y burocracia. No hay razón50 Id. 801 F. 2d 1145.
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