Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

68 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 49 1989individuo del posible abuso de poder por parte del estado cuando éste seampara en un interés intangible o fabricado.Entiendo que algunos pensadores muy serios y respetables proponenque el poder de razón de estado en Puerto Rico se debe despojar de algunasde las bridas que le impone la Constitución americana; aún más, queen la medida en que la Constitución federal no aplica ex proprio vigore aPuerto Rico, las consideraciones federales quedan subordinadas a lasparticularidades geográficas, históricas o ideológicas de nuestra isla enmateria inmobiliaria. Respeto esa posición, Sin embargo, me recuerda aljuez de primera instancia quién, interrumpiendo las súplicas de reconsideraciónde un abogado, le dijo: "Licenciado, estoy completamente convencidode que mi interpretación judicial es la correcta y no hay nadaque usted pueda decir que me haga cambiar de opinión," a lo que el abogadorespondió: "por supuesto, Su Señoría, yo sólo quería señalarle elerror craso que ha cometido nuestro Tribunal Supremo al adoptar unainterpretación diametralmente opuesta a la de Vuestro Honor."Creo además que debemos rechazar la hipótesis simplista que proponeque lo que está aquí en conflicto son los intereses avaros de unosterratenientes en contra del interés estatal de pre-servar nuestra tierra ynuestro ambiente. No nos debemos olvidar que por lo general donde seve el nuevo árbol plantado, la nueva casa pintada, el nuevo prediosembrado, es donde el individuo tiene concepto de propiedad, ya seaporque el predio es indiscutiblemente propio, o porque sabe que no se lovan a quitar sin ofrecerle la justa compensación. Cuando el gobiernoidentifica una propiedad necesaria para uso público, sin embargo, debecomprarla y pagar por ella.Tampoco quiero implicar que el gobierno no deba imponer condicionesreglamentarias que promuevan un interés definido, o inclusoque no deba imponer las más severas penalidades a aquellos quecontaminan nuestro ambiente o hacen peligrar a nuestros ciudadanos.Pero la protección reglamentaria debe ser eso —protección. No debe serun ritual interagencial sin sentido. No debe ser la predilección delpartidario político por su correligionario, o del sobornador por elsobornado. Debe de ser el verdadero ejercicio cívico— la búsqueda delbien común.Del mismo modo que he señalado las debilidades y aflicciones queentiendo acosan al sistema de incautación de propiedad inmueble enPuerto Rico, debo identificar ciertos remedios específicos que en mi