Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

130 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 115 1989contenido de éste repugna y carece de validez en un Estado de Derechocomo el que se constituyó en España en 1978.Resumiendo: el término consentimiento que aparece en los Artículos545, 550 y 551 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es distinto, por nodecir antagónico, al término consentimiento que aparece en el Artículo18.2 de la Constitución.Finalmente, el Artículo 18.2 establece las dos excepciones en que laautoridad pública puede prescindir del consentimiento del titular deldomicilio para penetrarlo y registrarlo. El primero de ellos es laresolución judicial. Ya he descrito algunos aspectos de ésta. Resta anotaruno de sus aspectos que está íntimamente ligado al tema delconsentimiento: la necesidad de una resolución específica cuando eltitular del domicilio lo niega o no está presente cuando la autoridadgubernamental se propone ejecutar otro tipo de mandamiento judicial.Así lo exige la precitada sentencia de 17 de febrero de 1984:De la facultad que el titular del derecho sobre el domicilio tienede impedir la entrada en él es consecuencia que la resoluciónjudicial o la resolución administrativa que ordena una ejecuciónque sólo puede llevarse a cabo ingresando en un domicilioprivado, por sí solas no conllevan el mandato y la autorización delingreso, de suerte que cuando éste es negado por el titular debeobtenerse una nueva resolución judicial que autorice la entrada ylas actividades que una vez dentro del domicilio pueden serrealizadas. [. . .] Si los agentes judiciales encargados de llevar, porejemplo, a cabo un desahucio o un embargo encuentran cerrada lapuerta o el acceso a un domicilio, sólo en virtud de una específicaresolución judicial pueden entrar.La segunda excepción —hemos visto— al requisito constitucional delconsentimiento del titular, la constituyen los casos de flagrante delito. Eneste aspecto el texto constitucional no puede ser más claro. La excepciónopera sólo en aquellos casos en que es muy clara la naturaleza delictivade la acción del ciudadano afectado por el allanamiento de su domicilio.No es suficiente la mera creencia o sospecha de que se ha cometido o seestá cometiendo un delito. No obstante, hay que señalar que estaexcepción es una puerta peligrosa cuando está a la disposición de unagente inescrupuloso de la autoridad pública; puede alegarse, falsamente,que la actuación estuvo motivada por la conducta delictiva del ciudadanoafectado. De ahí que, en Puerto Rico y en los Estados Unidos, lasactuaciones policiales fundamentadas en esa excepción deben serexaminadas con gran recelo y escepticismo por los tribunales.