Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

Wallace González Oliver 51un tiempo mayor. Para todos propósitos, la propiedad marcada "P" sufreun destino peor que la muerte: la preterición, y muchas veces, el olvido.Finalmente, la propiedad que no muere o pasa al limbo público seconsidera propiedad desarrollable. A ésta se le condena al purgatorioadministrativo. Allí muchas veces se le destierra a un laberintoreglamentario poblado por organismos tales y como la Junta dePlanificaci6n, la Administración de Reglamentos y Permisos, RecursosNaturales, Calidad Ambiental, Fomento, La EPA, el Instituto de Cultura,Turismo, los Municipios, Carreteras, Energía Eléctrica, Acueductos, y enalgunos casos también por esa agencia cuasi gubernamental que todosconocemos como la Corporación de Servicios Legales. Una vez en ellaberinto, no la rescata ni el hilo de Teseo, pues el engranajeadministrativo que se supone la extraiga se mueve a una velocidadimperceptible. Es virtualmente imposible que de allí salga algo sin que eldueño tenga que pagar algún tipo de penitencia, aún cuando la concesiónque le haga el estado no guarde relación alguna con el desarrollopropuesto.En vista de lo anterior, la reglamentación del inmueble privado enPuerto Rico produce frecuentemente un confortamiento de índoleconstitucional. Por un lado, se esgrime el poder de razón de estado, elllamado poder de policía que le permite al gobierno reglamentar lapropiedad privada para perseguir el interés público. Este poder estáreforzado por el poder de expropiación, que autoriza al estado aincautarse de la propiedad privada. Por otro lado, se encuentran lascláusulas constitucionales del debido procedimiento y la igual protecciónde las leyes, y las protecciones constitucionales en contra de laexpropiación sin justa compensación. Estas últimas surgen del ArtículoII, Sección 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico yde la Quinta Enmienda de la Constitución Federal aplicable a los estadosa través de la catorce. Ambas, la disposición local y la federal,específicamente prohíben que se tome propiedad privada para usopúblico sin justa compensación.Durante las últimas tres décadas, este conflicto constitucional haengendrado una jurisprudencia vacilante y ambigua, tanto a nivel localcomo federal. Muchos juristas han señalado las injusticias que surgen dela indebida reglamentación, sin que se haya resuelto el problema. Laseveridad de la clasificación "P", por ejemplo, ha sido reconocida por el