Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

136 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 115 1989reconocimiento de un derecho, para que sea eficaz, debe llevar ingredidoun elemento de disuasión a las posibles violaciones de tal derecho. 36El elemento disuasivo lo encontraremos, en el caso de los particulares,en el Artículo 491 del Código Penal. Por su parte, el Artículo 191 delmismo código impone, en su apartado primero, la pena de suspensión ymulta de veinte mil pesetas al "funcionario que no siendo autoridadjudicial, entrare en el domicilio de un súbdito español sin suconsentimiento, fuera de los casos permitidos por las leyes." En suapartado segundo se impone la misma pena al funcionario que, no siendoautoridad judicial, y fuera de los casos permitidos por las leyes, registrarelos papeles de un súbdito español y los efectos que se hallaren en sudomicilio a no ser que el dueño hubiera prestado su consentimiento."A pesar de su aparente bondad, la redacción de ese artículo contieneuna excepción peligrosa: no castiga la entrada de la autoridad judicial sinel consentimiento del dueño del domicilio. Esa excepción pudieradescansar en la idea, que no comparto totalmente, de que la autoridadjudicial no viola los derechos de los ciudadanos, puesto que su funciónesencial es protegerlos.Otro pasaje disonante del Artículo 191 del Código Penal es quesustituye la figura constitucional, más amplia, del "titular del domicilio",por una mucho más reducida: la del "dueño". Por eso pienso que elArtículo 191 debe ser examinado a la luz de la nueva realidadconstitucional de España. Ello sin olvidar, por supuesto, en las posiblesviolaciones que se verifiquen antes de la revisión sugerida, el principiode interpretación restrictiva de la ley penal.Debo indicar, sin embargo, que la protección mayor contra lasviolaciones al domicilio es, a mi juicio, la llamada "regla de exclusión deSe espera que muy pronto publique los resultados de su investigación y de susreflexiones. Su postura es, en resumen, que la visión tradicional haceprácticamente inexistentes los derechos fundamentales, puesto que son losparticulares quienes más oportunidad tienen para violar tales derechos.En Puerto Rico, el Tribunal Supremo no ha dudado en reconocer que laprotección constitucional de ciertos bienes jurídicos opera más allá del simpleámbito gubernativo. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986) yColón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1986). La doctrina jurisprudencialfederal relativa a la "state action" es, en parte, un artificio con esa mismafinalidad.36 No es que pretenda apoyar la concepción kelseniana que identifica la normajurídica con la sanción, aunque si considero que ésta puede ser el elemento dedisuasión a que me refiero.