Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

Antonio Escudero Viera 73con las expectativas de inversiones. La ordenanza no se declaróinconstitucional porque no interfería con el interés presente ni lasexpectativas de uso de la terminal. Declaró el Tribunal que hubiese sidomás fácil determinar que había habido una expropiación si hubieseexistido una invasión física en vez de una de tipo reglamentario.Luego, en el caso de Agins v. City of Tiburón en 1980, el TribunalSupremo de los Estados Unidos tuvo la oportunidad de analizar quéremedios existen para una rezonificación de uso de terrenos que afectaadversamente el uso de un predio de terreno. El caso se originó enCalifornia y la Corte Suprema de California decidió que el remedioapropiado no era uno de daños y sí de sentencia declaratoria o mandamuspara que se declare inválido el reglamento. El caso llega al TribunalSupremo federal para que decida si el estado de California podía limitarlos remedios en este tipo de caso. No tuvo, sin embargo, la oportunidadde decidirlo porque confirmó la decisión que no había existido unaexpropiación al hacer un balance entre los intereses tanto públicos yprivados envueltos en el caso e inclinarse por los primeros. Se decidióque para decidir la validez de un reglamento de zonificaci6n había quedeterminar si ésta adelanta sustancialmente objetivos gubernamentaleslegítimos, si beneficia al dueño así como al público en general y si lepermite al dueño lograr expectativas de inversión razonables.Durante el término de 1986-87 hubo tres y no dos casos que versansobre la expropiación por vía de reglamentos. El primer caso, KeystoneBituminous Coal Association, reafirmó la habilidad de las agenciasgubernamentales para reglamentar la propiedad privada si lo que hayenvuelto es la protección de la salud, la seguridad y el bienestar público,cosa que ya sabíamos desde Mahon. El segundo caso, el de First English,decide que puede compensarse económicamente al dueño cuando elreglamento o la ley privan al dueño de todo el uso de su propiedad. Y eltercer caso, el de Nollan, decide que un reglamento es inconstitucionalcuando la condición que impone no tiene conexión razonable alguna conel interés público que pretende proteger.La conclusión primera y más obvia de la trilogía de los casos deltérmino del 1986 es que la cláusula de expropiación continuaráconfundiendo a los estudiosos de la jurisprudencia norteamericana pormuchos años. A pesar de que el Tribunal reescribió algunos aspectos dela cláusula de expropiación levantó otras serie de preguntas que dejó sincontestar.