Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

134 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 115 1989evitar la destrucción de prueba que posteriormente pueda presentarse enel tribunal. Sobre este aspecto habrá que ver la doctrina jurisprudencialque eventualmente vaya estableciendo el Tribunal Constitucional, la cualdeberá, a mi juicio, exigir la existencia de motivos fundados en lanecesidad provocada por la circunstancia específica.V. Examen de las leyes especiales pertinentesEl patrón escogido precisó el análisis, en apartados anteriores, de lospasajes pertinentes del Código Penal y de la Ley de EnjuiciamientoCriminal. Resta que nos acerquemos a la Ley de Orden Público de 1959.En el Artículo 2 de esa ley se tipifica, como contrarios al ordenpúblico, los actos que "perturben o intenten perturbar el ejercicio de losderechos reconocidos en el Fuero de Los Españoles y demás LeyesFundamentales de la nación, o que atenten a la unidad espiritual,nacional, política y social de España." Es, obviamente, una definicióndemasiado amplia —por no decir fascista— y, por consiguiente, carentede precisión. ¿Qué es, por ejemplo, atentar contra la unidad espiritual deEspaña?Lo peor de la definición citada es que en el Artículo 11 de la ley, en elque se establece que la entrada al domicilio podrá realizarse sinnecesidad del consentimiento del titular ni de manda-miento judicial,aparece la perturbación del orden como uno de los casos en que opera laexcepción. Es decir, según este artículo se puede entrar en el domiciliode una persona que la autoridad pública considere que está atentandocontra la unidad espiritual de España. Resulta clarísimo, pues, que luegode la promulgación de la Constitución, los citados artículos de la Ley deOrden Público carecen de validez. 33No ocurre lo mismo, para ser consecuente con la exposición previa,con su Artículo 10. En éste se pauta que "[L]a autoridad gubernativa opor órdenes concretas suyas sus agentes, podrán realizar lascomprobaciones personales necesarias a fin de que no se tengan armas defuego para cuyo uso se carezca de licencia." Aunque sabemos que alredactarse dicho artículo, en 1959, sus autores no pensaron en elConvenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, larealidad es que el Artículo 11 de la Ley de Orden Público recoge el33El inciso tercero de la Disposición Derogatoria de la Constituciónestablece: '[Q]uedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a loestablecido en esta Constitución."