Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

Lady Alfonso de Cumpiano 41Una rápida mirada al desarrollo jurisprudencial en Puerto Rico a partirde 1977, refleja que nuestro Tribunal Supremo adoptó las normasfundamentales de la jurisprudencia federal y derogó las normas sobredifamación hasta entonces operantes en Puerto Rico. Torres Silva v. ElMundo, 12 Zequeira v. El Mundo. 13 García Cruz v. El Mundo, 14 Clavell v.El Vocero, 15 Oliveras v. Paniagua, 16 Soc.Gan. Arroyo v. LópezCintrón, 17 adoptaron la norma que requiere malicia real cuando se tratede difamación de funcionarios públicos o figuras públicas. Los casosaplicaron la regla cuando la parte demandada que publica la informaciónalegadamente libelosa es un medio de comunicación o cuando es obra depersona ajena a éste. Voces disidentes en algunos de los citados casoscuestionaron la adopción en Puerto Rico de las reglas prevalecientes enlos Estados Unidos y abogaron por la adopción de normas autóctonas.Esta posición parece tener acogida en el discurso en cuanto se sugieredar mayor autonomía y fuerza a nuestra disposición constitucional queprotege el derecho a la honra, la reputación y la intimidad. Sin embargo,en otra parte se nos indica que nuestra realidad política impide alTribunal Supremo de Puerto Rico modificar la norma de New YorkTimes y darle mayor fuerza a la aludida disposici6n constitucional. Caberecordar al respecto que Puerto Rico, al igual que las jurisdiccionesestatales, tiene la facultad de establecer sus propias normas deresponsabilidad por difamación, pero nuestra relación con los EstadosUnidos nos impide imponer responsabilidad absoluta, y no nos permitereducir el contenido de la Primera Enmienda. Así pues, si la personainjuriada es persona privada, las leyes de Puerto Rico o lasinterpretaciones judiciales podrán establecer una norma deresponsabilidad menos exigente, pero no si se trata de funcionariopúblico o figura pública. No obstante, bajo las normas jurídicasaplicables, puede hacerse valer nuestra visión de los valores morales ysociales en la interpretación de éstas, debido a que el campo es sensitivoa las fuerzas culturales.Como aspecto importante de nuestra jurisprudencia vale destacar quetanto Torres Silva como Zequeira sostienen la procedencia de unathat such a standard is necessary to give adequate „breathing space‟ to thefreedoms protected by the First Amendment.”12 106 D.P.R. 415 (1977).13 106 D.P.R. 422 (1977).14 108 D.P.R. 174 (1977).15 115 D.P.R. 685 (1984).16 115 D.P.R. 257 (1984).17 116 D.P.R. 112 (1985)