Revista Volumen I (formato pdf) - Academia Puertorriqueña de ...

58 Rev. Acad. Puert. De Jur. Y Leg. 1:1 49 1989"taking", una incautación constitucionalmente compensable. 28 Estepronunciamiento pone en tela de juicio el argumento principal de losproponentes de la constitucionalidad de la clasificación "P" en PuertoRico, que alegan que el hecho de que el gobierno puede eximir al dueñode los efectos de esta clasificación, o retirarla dentro de un términorazonable, implica que la clasificación de por sí no constituye unaincautación desde el punto de vista constitucional, sino que el enfoquedebe de ser en el tiempo que se tarda el gobierno en decidirse.Segundo, el Supremo federal elimina la distinción conceptual entre lareglamentación temporera y la de carácter permanente para propósitosdel deber de compensación bajo la Quinta Enmienda. 29 Dice Rehnquist:Cuando las actividades gubernamentales ya han ocasionado laocupación de todo el uso de la propiedad, la acción posterior delgobierno no puede relevarlo del deber de proveer compensaciónpor el período durante el cual la incautación estuvo en vigor. 30Finalmente, el Supremo aclara que aunque no estaba opinando sobrelas demoras normales en la obtención de permisos de construcción ocambios de zonificación, la opinión de Glendale iba a tenernecesariamente consecuencias significativas. Cito y traduzco la opinióndel Juez Rehnquist como sigue:Nos damos cuenta de que aún nuestro fallo de hoyindudablemente disminuirá de alguna forma la libertad y flexibilidadde los planificadores, agencias gubernamentales y corporacionesmunicipales al promulgar reglamentación de uso deterrenos. Pero tales consecuencias fluyen necesariamente decualquier decisión que sostenga el reclamo a un derechoconstitucional; muchas de las disposiciones de la Constitución hansido diseñadas para limitar la flexibilidad y libertad de lasautoridades gubernamentales, y la Cláusula de Justa Compensaciónde la Quinta Enmienda es una de ellas. 31Como si la decisión de Glendale no hubiera sido de por sí un relámpagoominoso para la política pública inmobiliaria en Puerto Rico,28 96 L. Ed. 2d 265.29 96 L. Ed. 2d. 266.30 96 L. Ed. 2d. 268.31 Id.