sanIDAD

El libro blanco de la sanidad
terapéuticos (Castilla-La Mancha), el sistema de tarifa farmacológica/paciente/mes,
para determinados medicamentos (Cataluña), los algoritmos
de decisión terapéutica corporativos (Comunidad Valenciana), el catalogo
priorizado de medicamentos (Galicia), sustitución de determinados medicamentos
por cuatro genéricos (País Vasco).
Se exponen, seguidamente, algunos de los aspectos más destacables en
el espacio autonómico.
• Andalucía. A través del Decreto Ley 3/2011, de 13 de diciembre, de
medidas urgentes, sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario
público de Andalucía, se modificó la Ley 22/2007, de 28 de diciembre,
de farmacia de Andalucía, introduciendo un sistema de adquisición de
medicamentos a través de “subasta”, entre los de dispensación obligatoria
en aquellos casos en los que el médico efectúe su prescripción por
el criterio de principio activo. Objeto, esta normativa, de disposiciones
posteriores de desarrollo, motivó que el Gobierno de España interpusiera
un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por las
primeras convocatorias de dicho sistema, al entender que se invadían
competencias exclusivas del Estado. Contra las adjudicaciones (de
la segunda y tercera convocatoria) se interpusieron, además, sendos
recursos contencioso-administrativos. Con estos procedimientos se
provoca la ruptura de la unidad de mercado estatal, se distorsiona
gravemente la competencia, se genera un desequilibrio en la prestación
farmacéutica y supone una fuerte inequidad para los ciudadanos de
aquella Comunidad Autónoma.
• Galicia. El Gobierno de España interpuso recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de racionalización
del gasto en medicamentos de esta Comunidad. Esta Ley creaba un
catálogo priorizado de medicamentos por el que sólo se financiarían en
ese espacio geográfico, con cargo a fondos públicos, los medicamentos
de menor precio de los principios activos incluidos en el catálogo por la
Xunta. El Tribunal Constitucional resolviendo el mencionado recurso, lo
desestimó por entender que no se vulneraban competencias del Estado,
si bien es de destacar la formulación al respecto de votos particulares
muy documentados y valorables.
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