Cosmovisión, Historia y Política en los Andes - La Casa del Corregidor

cripción del Estado boliviano a los intereses del Vaticano. En lo concerniente a la educación,
el Código de 1955 señala que aunque “se reconoce la libertad de enseñanza religiosa;
en los establecimientos educativos fiscales se enseñará religión católica”. Para esto, el “Estado
reconocerá una partida en el presupuesto nacional” de manera que sea posible “subvencionar
el servicio de la educación religiosa” 61 . La Reforma Educativa de 1994 ha mantenido
el lugar de preeminencia de la religión católica en la educación fiscal. El Art. 57 de
la ley señala que en “los establecimientos fiscales y privados no confesionales se impartirá
la religión católica” y que el Estado incorporará en el presupuesto nacional de educación,
el pago de sueldos a los profesores que enseñen tal catequesis 62 .
Una sociedad intercultural que reconozca con equidad el derecho de afirmación religiosa
venga de donde viniera, debe sin duda aceptar la libertad de culto y la orientación confesional
de las instituciones que quieran hacerlo –las escuelas y colegios privados por ejemplo-.
En lo que corresponde a la educación fiscal, desde una perspectiva intercultural, se
constituye en un despropósito financiar una determinada catequesis. Tampoco el problema
de falta de equidad se resolvería con la enseñanza de contenidos informativos sobre las
culturas tradicionales, las creencias autóctonas o los ritos frecuentes. Siendo la religión
parte sustantiva de la reproducción del imaginario colectivo, de construcción de la identidad,
de recreación cultural y de asunción de una cosmovisión, no es racional que la escuela
fiscal o las unidades de educación regular la incorporen como contenido catequético, ritual
o como mensajes morales que proclaman verdades únicas y excluyentes.
Teniendo Bolivia una diversidad cultural tan rica, existiendo una amplia variedad de credos,
ritos y actitudes religiosas irreductibles unas a otras, no se tendría que priorizar ni privilegiar
ninguna religión frente a las demás. Sin embargo, pese al reconocimiento de la
diversidad cultural efectuado por la Constitución Política del Estado en el Art. 1 63 , este
instrumento normativo del Estado fija, en el Art. 3, que el catolicismo es la religión oficial
de Bolivia 64 . En lugar de esto, las reformas constitucionales que se avecinan tendrían que
promover que en la escuela se renueven las prácticas religiosas familiares sin ninguna restricción,
inducción ni evaluación, permitiendo a los niños y jóvenes descubrir la religión en
un contexto de libertad. Tal, una política educativa que promueve la equidad religiosa
61 Cfr. Código de la Educación Boliviana. Edición oficial del Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes.
República de Bolivia. La Paz, 1955. Art. 4.
62
Texto de la ley 1565, Reforma Educativa: Compilación de leyes y otras disposiciones. UPS editores. La
Paz, s.d. pp. 32, 41.
63 El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada durante su gestión de 1993 a 1997 impulsó la aprobación
de varias leyes que modificaron el Estado boliviano y desmantelaron las piezas que quedaban del Estado
de la Revolución Nacional. Este cuerpo legal incluyó varias disposiciones jurídicas articuladas en
una nueva Constitución Política del Estado. En ésta, por primera vez en la historia del país, se reconoció
la composición “multiétnica” y “pluricultural” de Bolivia. El Art. 1 de la Constitución Política del Estado
reformada por ley de agosto de 1994 establece (ed. La Razón, p. 1): “Bolivia, libre, independiente y
soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma
democrática representativa fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos”.
64 Desde la promulgación de la Constitución en febrero de 1967, dicho artículo establece que “el Estado
reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana” agregando más adelante, “las relaciones
con la Iglesia se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede”.
Cfr. la Constitución Política del Estado de 1994, ed. La Razón. p. 2.
78