Abuso sexual infantil: Manual de formación para profesionales - Amuvi

Otra novedad que también ha incorporada la tan mencionada
Ley 11/99 es la incorporación del antiguo delito de
corrupción de menores que había sido retirado por el Código
de 1995. En este sentido, será castigado por corrupción de
menores el que haga participar a un menor o incapaz en un
comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la
evolución o desarrollo de la personalidad de éste. Este
delito no exige la presencia de violencia o intimidación ni
de cualquier clase de medio limitativo de la libertad
sexual de los previstos para la agresión y el abuso sexual.
Por otro lado, requiere siempre una intervención activa del
autor, ya sea directamente en el acto sexual o mediante la
inducción directa a la víctima para que participe en un
acto con un tercero El sujeto pasivo debe ser un menor de
edad pero siempre mayor de trece años. El comportamiento
de naturaleza sexual al que alude el precepto debe ser un
acto que de modo inequívoco tenga tal contenido. Respecto
al asunto de que ese comportamiento debe causar un
perjuicio en la evolución o desarrollo de la personalidad
se presentan serios problemas de interpretación. Deberían
considerarse para este fin -según muestra Filkenkhor- las
alteraciones en el funcionamiento emocional o cognitivo del
menor o la idea de “sexuación traumática” derivada de la
intrusión de las conductas e intereses de un adulto en el
desarrollo normal de un niño, que supone una interferencia
en la sexualidad infantil generadora de aprendizajes
deformados. Según algunos autores, el sentido del tipo de
corrupción no puede ser el de prohibir cualquier acto
sexual con menores, sino que se debe aplicar para recoger
los supuestos rayanos en el abuso no reconducibles a los
medios comisivos de engaño, prevalimiento de situación de
superioridad o inducción a la prostitución.
Por otro lado, el que tuviera bajo su potestad, tutela,
guarda o acogimiento a un menor de edad y que, con noticia
de la prostitución de éste no haga posible para impedir su
continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad para
el mismo fin incurrirá en la pena de multa de seis a doce
meses.
Se señala que las condenas de jueces y tribunales
extranjeros se tendrán en cuenta por los órganos judiciales
españoles a los efectos de la aplicación de la agravante de
reincidencia.
(Véase Cuadro V)
Tipificar como delito la posesión de pornografía infantil
cualquiera que sea el uso que se pretenda con ella.
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