Abuso sexual infantil: Manual de formación para profesionales - Amuvi

5.2.2.PROPUESTAS
• A nivel general, se hace necesario que se articulen de
forma urgente medidas legislativas y también de práctica
judicial para proteger a los menores en los juicios por
delitos sexuales, sin merma, por supuesto, del derecho
de defensa y de los principios de inmediación y
contradicción que asisten al acusado.
Cabe señalar que la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio,
de modificación del Código Penal de 1995, en materia de
protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal ha introducido una aspecto
novedoso de carácter procesal que puede redundar en una
considerable minoración de las consecuencias que sobre
la propia víctima o sobre los testigos menores de edad
puede tener el desarrollo del proceso. En efecto, se
introduce la cobertura legal necesaria para que no se
produzca confrontación visual entre aquéllos y el
procesado, pudiéndose para ello utilizar medios
audiovisuales. Por congruencia con este principio, la
práctica de careos cuando lo testigos sean menores de
edad pasa a tener carácter excepcional. Debemos
recordar que esta reciente modificación está en
consonancia con el tratamiento que algunas instituciones
europeas han dado a esta cuestión. En este sentido, el
Consejo de Europa en 1985 recomendó que los menores
fueran asistidos por familiares o profesionales a la
hora de testificar, en 1991 que se adoptaran medidas
especiales para amortiguar los efectos de su
comparecencia y reforzar su credibilidad y en 1998
volvió a hacer hincapié en la puesta en práctica de las
propuestas realizadas. En 1997, el Parlamento Europeo
instó a los Estados para que su derecho procesal no
permita que los menores revivan de manera traumática los
actos delictivos. En algunos países europeos, como
Italia, ya se ha procedido a realizar las reformas
legales pertinentes para establecer fórmulas específicas
en la regulación del interrogatorio de los menores.
A pesar del avance que ha supuesto la modificación
introducida por la Ley Orgánica 14/99, se hace necesario
seguir solicitando que nuestros textos jurídicos se
adecuen a las necesidades y derechos de los niños y que
sobre todo se garantice su cumplimiento. De poco sirve
que las leyes vayan recogiendo las demandas sociales si
por falta de recursos económicos y humanos o por otros
motivos no se aplican. Asimismo, todos los adultos
intervinientes en el proceso (padres, médicos, policías,
psicólogos, abogados, jueces…) deberían adoptar algunas
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