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sinpermiso<br />
Y todo por el módico precio de 11.000 millones anuales más<br />
costes administrativos para la primera medida y de 10.000<br />
millones de € anuales por millón de empleos generados para la<br />
última medida de la lista (y como no sabemos cuántos millones<br />
de empleos se quieren crear, vayan multiplicando hasta acabar<br />
con los pobres). De la segunda medida no podemos aventurar el<br />
coste, únicamente decir que un 1% de más sueldo son 5.000<br />
millones más o menos de los cuales unos 1.000 millones se los<br />
quedaría el Estado, o sea 4.000 millones de reactivación de los<br />
bolsillos de 15 millones de asalariados (unos 20€ al mes). De la<br />
tercera medida solo cabe pensar en que a nadie le cabe en la<br />
cabeza que esto se pague sin compensaciones a las empresas,<br />
como así se realizó en Francia con la ley de las 35 horas. Más o<br />
menos puede equivaler a 100.000 millones de € anuales, casi<br />
todo lo que recauda la Seguridad Social. Todo combinado, o en<br />
parte, se crea un círculo que más que virtuoso para acabar con<br />
la pobreza parece un bucle imposible de financiar que alargará<br />
la situación de pobreza durante años.<br />
No únicamente esto, lo más sorprendente es que medidas<br />
como la primera parecen renunciar a todo el acervo de<br />
conocimiento desarrollado por décadas de aplicación de las<br />
rentas mínimas como son los gravísimos problemas que<br />
generan en sus beneficiarios (podríamos más bien llamarles<br />
víctimas) de estigmatización (a nadie le gusta declararse<br />
ciudadano de tercera categoría), de trampa de la pobreza<br />
(deben renunciar a la ayuda si encuentran un trabajo de inferior<br />
o similar retribución, lo cual en nuestro actual mercado laboral<br />
ya es más que frecuente), de trampa de la precarización (si se<br />
renuncia a la ayuda por un trabajo temporal, cuando este se<br />
acaba, se pueden tardar meses en recuperar la ayuda, por lo<br />
que tampoco interesa aceptar el trabajo, por muy buen<br />
ciudadano que uno sea), y lo más grave, la no-cobertura: por la<br />
estigmatización, la falta de educación, el desconocimiento, la<br />
dificultad de los trámites administrativos, etc. los beneficiarios<br />
objetivos de la medida no la solicitan.<br />
Así, un estudio de la EAPN (European Antipoverty Network)<br />
recoge en su proyecto EMIN sobre rentas mínimas (donde están<br />
representados los sindicatos) que en los países analizados el<br />
grado de no-cobertura oscila entre el 20 y el 75%. Dos ejemplos<br />
más son paradigmáticos: la encuesta de pobreza y desigualdades<br />
sociales de Gipuzkoa estima que para que su sistema de renta de<br />
ingresos alcanzara a todos los que lo necesitan debería crecer un<br />
50% el número de beneficiarios (y esto en el territorio con la<br />
segunda mayor renta per cápita del Estado y con el sistema de<br />
rentas mínimas más generoso); dos, en Francia están en revisión<br />
los sistemas de rentas mínimas activas (RSA y PPE que incluyen<br />
incentivos para encontrar trabajo, de similar naturaleza a los que<br />
propone Ciudadanos, a los EITC o créditos fiscales que existen<br />
en EEUU y en otros países o incluso algún sucedáneo redactado<br />
por Podemos) porque se han dado cuenta que el 68% de sus<br />
posibles beneficiarios tampoco la solicitaban. Es tan grave el<br />
problema que existe en Grenoble un centro de investigación<br />
dedicado a lo que en inglés se llama non-takeup y en francés<br />
non-Recours, en este centro hablan de las ayudas condicionadas<br />
como una carrera de obstáculos que muchos no pueden sortear.<br />
Significativamente en google no hay ni una entrada en español<br />
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