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sinpermiso
salario diferido, colectivo o social, con el que se financia la
Seguridad Social, voy a copiar otra frase del artículo de Mikel de
la Fuente (pág. 105, 2º párrafo): "La generalidad de los escritos
de la Red (quiere decir nuestra Asociación RRB) se refiere a las
prestaciones de la Seguridad Social, tanto contributivas como no
contributivas, como "prestaciones públicas", al mismo título que
las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas
para situaciones de necesidad extrema."
¿Qué sentido tiene degradar el concepto de prestaciones
públicas hasta ese extremo? No le veo otro que colocar cualquier
prestación que no tenga su origen en el empleo y el derecho al
salario indirecto socializado, en una segunda categoría. Pero,
veamos cuan contradictoria puede llegar a resultar la idealización
del empleo, y también del pleno empleo. Dejaremos de lado algo
que no es menor, pero que nos llevaría a tener que alargar
mucho más esta contestación. El carácter del empleo como deber
y no solo como derecho. Y además no un deber solidario con la
comunidad y sin mediaciones, sino un deber del que se beneficia,
en primer término, el capital que extrae la plusvalía y el beneficio
de la explotación del trabajo asalariado, permitiendo que siga
funcionando así la rueda de este infernal sistema capitalista.
En el origen del capitalismo industrial, la asistencia sanitaria e
incluso determinados niveles de enseñanza, estaban ligados
directamente al trabajo asalariado de fábricas concretas en las
que la gente trabajadora de dichas fábricas había ido
conquistando la reivindicación de esas coberturas para ellos y
sus familias. Extender estos derechos al conjunto de la
ciudadanía, como "prestaciones públicas", desligándolos de su
cordón umbilical laboralista, no fue un paso atrás en los
derechos de la clase obrera, sino un inmenso avance social. La
conquista de prestaciones públicas como derechos
exclusivamente ligados a la ciudanía representa un estado de
progreso indudable en la organización de nuestras sociedades.
Cuando desde la asociación Red RB defendemos la RBU (es un
insulto equipararnos a quienes defienden las actuales
prestaciones para personas pobres existentes en la CC.AA. del
Reino de España, como algo equiparable a la RBU), lo hacemos
tirando de una idea que nos dice que la consecución de derechos
públicos universales y sin condiciones (o con condiciones
mínimas, para que toda la población pueda acceder a ellos) es un
buen negocio para hacer sociedades mejores, capaces de
eliminar la pobreza, ser más igualitarias y socialmente más
integradas.
2) Desenfoques sobre las cuentas de financiación de la RBU
Como Mikel de la Fuente se ha centrado en la propuesta de
financiación hecha por Arcarons, Domènech, Raventós y Torrens
(sinpermiso, 7/12/2014) para el Reino de España, dejando fuera
la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, porque no entran el
régimen fiscal común, aunque esta investigación está todavía
terminándose, y se podían haber cogido las de Catalunya y
Gipuzkoa, que están completamente acabadas, me ceñiré a ella.
Mikel, no hace una enmienda a la totalidad del modelo de
financiación de la RBU propuesto en el párrafo anterior, sino que
va planteando problemas concretos a los que a me referiré, pero
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