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sinpermiso
personal”, porque “los ciudadanos recibirían una parte sustancial
de sus ingresos [en forma de rentas] del capital” (Meade, 1964:
40). Supongamos que compartimos el diagnóstico de Meade,
que no creemos demasiado en la magia y que somos gente a la
que le interesan las implicaciones institucionales de la filosofía
política: ¿qué reformas institucionales podríamos promover hoy
para extender la propiedad del capital entre la ciudadanía de
forma que el desempleo no acabe funcionando como
herramienta de disciplinamiento y exclusión social? Se han
propuesto básicamente dos vías, en función de si lo que nos
proponemos es ampliar entre la ciudadanía la distribución de los
recursos internos o externos. Si lo que buscamos es lo primero,
la estrategia tradicional para distribuir lo más igualitariamente
posible el capital humano y las habilidades –y de esta forma
reducir la dispersión en las rentas antes de impuestos y
transferencias- ha sido la educación. Si todos accedemos al
mercado laboral con una buena formación, las desigualdades se
reducirán (esto es al menos lo que sostienen quienes apuestan
por la vía educativa) y en todo caso las que persistan lo serán
entre niveles de ingresos más o menos altos. Además, existe
cierta evidencia de que los retornos de la inversión pública en
educación son muy altos. El problema de poner todos los
huevos en la cesta de la educación es que, incluso suponiendo
que logra mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al
empujar al alza el sistema de precios, deja intactas las
distribuciones de la riqueza y el poder. Quizá por eso Meade,
que escribe en la tradición de la economía política británica de
A. Smith, cree que además de igualar a través del sistema de
precios –incrementando el precio por hora del trabajo de los
empleados a través de la inversión en educación-, es posible
modificar los resultados de la distribución modificando la
estructura de la propiedad del capital. Y aquí tenemos de nuevo
dos estrategias.
La primera es la vía impositiva y encaja bien con el igualitarismo
socialdemócrata. En lo esencial, consiste en gravar la riqueza y
las transmisiones patrimoniales. Su justificación moral queda
bien resumida en la intuición rawlsiana de que las desigualdades
son justas cuando obedecen a nuestro esfuerzo o a nuestras
elecciones pero injustas si responden a diferencias en
circunstancias moralmente arbitrarias (como que Piluca (27) esté
en el 1% más rico de la distribución gracias sólo a los ingresos
que le proporcionan los alquileres de 37 pisos que heredó de
sus padres, mientras que LaJessi (55) no ha pasado nunca del
primer quintil de la distribución a pesar de llevar más de 30 años
trabajando). Pero quienes proponen la vía impositiva no tienen
por qué limitarse a gravar la herencia de Piluca, sino que
podrían proponer también un impuesto al valor de la tierra o,
como Piketty, un impuesto global al capital. La segunda es
redistribuir el valor del capital a través de un dividendo (social) y
encaja bien con el libertarismo de izquierdas. Su justificación en el
plano normativo es que la Tierra (en su versión más incipiente, no
trabajada) es propiedad común y por consiguiente todo aquel que
haga uso de alguno de sus recursos (comunes) ha de pagar un
canon o cuota de usuario, que luego se distribuye igualitariamente
en forma de dividendo social. Un ejemplo es el Alaska Permanent
Fund, experiencia frecuentemente invocada como encarnación
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