Informe-Anual-2016-vol4-Mujeres

Humanos (cndh) se describe que desde 2001 la desaparición forzada es un delito autónomo en
el Código Penal Federal y en la legislación penal de ocho entidades federativas 315 –entre ellas la
Ciudad de México–, sin embargo, estos instrumentos no utilizan la definición establecida en los
instrumentos internacionales o una definición única acorde a éstos. Además, ambas instancias
enfatizan su preocupación de que en 24 estados aún no esté tipificado este delito. 316
Esto se presenta a pesar de que la Corte idh dispuso que en México se adoptaran las reformas
legislativas pertinentes para compatibilizar el delito de desaparición forzada con los estándares
internacionales, al ser declarado responsable por el incumplimiento de adoptar disposiciones de
derecho interno respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el caso
Radilla Pacheco vs. México. 317
A nivel nacional tampoco se cuenta con una ley en la materia, sin embargo, la reforma al artículo
73 constitucional, fracción xxi, inciso a, 318 publicada el 10 de julio de 2015, faculta al Congreso de
la Unión a emitirla, por lo que “resulta pertinente reiterar la necesidad de que dicha normatividad
efectivamente permita homologar en toda la república tanto los deberes del Estado en materia de
prevención, investigación y sanción, así como los mecanismos de coordinación en los tres órdenes
de gobierno, para la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y la sanción del delito”. 319
Con el fin de coadyuvar con las acciones emprendidas para enfrentar el fenómeno de las desapariciones
forzadas, la cdhdf presentó en 2015, ante la Secretaría de Gobernación, la Cámara de
Diputados y el Senado de la República una propuesta de contenidos mínimos para la construcción
de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de
Personas, 320 que esta institución estima debe reunir con base en las recomendaciones dirigidas a
México por organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos:
– La adecuada tipificación del delito de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales;
– la tipificación de la desaparición cometida por particulares;
– el diseño y la aplicación de protocolos de búsqueda inmediata de personas, que cuenten con
personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales, y que
sean ejecutados con plena independencia presupuestaria y operativa;
– el establecimiento de protocolos de investigación y sanción del delito, como mínimo, la
creación de fiscalías especializadas, con personal capacitado para la investigación de la desaparición
forzada, con la obligación de iniciar investigaciones de oficio aunque no se haya
315
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit y Oaxaca.
316
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas, oacnudh/
cndh, 2015, pp. 35 y 36.
317
Perla Gómez Gallardo, “La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante la violencia del México actual”, ponencia
presentada en la Universidad Autónoma Metropolitana el 26 de octubre de 2015.
318
Reforma al artículo 73 constitucional, fracción xxi, inciso a, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015.
319
Christian Ibeth Huerta Dávila y Marisol Méndez Cruz, “Desaparición forzada: retos y perspectivas”, en Dfensor, año xiii, núm.
9, México, cdhdf, septiembre de 2015, pp. 11 y 12.
320
Perla Gómez Gallardo, participación en el Seminario sobre la implementación de la reforma constitucional del 10 de junio de
2011, así como la situación que vive México en materia de derechos fundamentales, el 26 de junio de 2016.
148 Informe anual 2016 Volumen iv. La Ciudad de México de cara a la Novena Comparecencia ante el Comité cedaw