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cdhdf por afectaciones al derecho a la salud de mujeres, como la restricción o negativa de brindar<br />
atención y acceder a servicios generales y/o especializados, así como a proporcionar información<br />
del estado de salud y del tratamiento a seguir, entre otros.<br />
En particular sobre salud sexual y salud reproductiva, si bien desde la Sedesa se cuenta con<br />
un programa institucional en la materia, además de campañas para la prevención del embarazo en<br />
adolescentes, y con acciones de capacitación y difusión sobre estos temas desde otras instituciones<br />
(como Inmujeres cdmx y el Injuve cdmx) dirigidas particularmente a población joven, el gobierno<br />
de la Ciudad de México no sólo debe trabajar en la generación de estadística desagregada y de<br />
información sobre los avances alcanzados, y en la implementación de evaluaciones periódicas, sino<br />
que se enfrenta a la necesidad de contar con un programa de salud sexual y salud reproductiva<br />
enfocada a atender a adolescentes y jóvenes, partiendo del reconocimiento de sus derechos sexuales<br />
y derechos reproductivos bajo el enfoque de género. En este sentido, también debe avanzar en<br />
la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en adolescentes y la<br />
instalación de los grupos estatales y delegacionales de prevención, así como en el establecimiento de<br />
mecanismos de regulación y supervisión de entres privados para que no se vulneren los derechos<br />
de la población.<br />
Aunque en esta ciudad en particular se han emprendido un conjunto de acciones encaminadas<br />
a la disminución de la mortalidad materna, esta situación continúa siendo un reto que ha ido en<br />
aumento y que se debe encarar sin dilación. Desde la cdhdf no sólo se cuenta con quejas por<br />
presuntas violaciones a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sino que ha emitido cuatro<br />
recomendaciones que documentan la violencia institucional y obstétrica sufrida por peticionarias,<br />
cobrando la vida de mujeres, muchas de ellas por causas evitables o prevenibles mediante una adecuada<br />
atención; asimismo, se profundizó el análisis a través de los dos informes ya abordados en el<br />
presente documento sobre salud materna, violencia obstétrica y embarazo en adolescentes, en los<br />
cuales se hicieron recomendaciones puntuales que deben ser implementadas.<br />
Aunque, como ya se señaló, la ciudad cuenta con los estándares de protección más altos en<br />
en materia de interrupción legal del embarazo y con un sistema de atención especializado al que<br />
acceden mujeres de distintas entidades del país, existe la necesidad de ajustar algunos aspectos para<br />
lograr atender a todas las mujeres que lo soliciten, haciendo frente a los casos que aún se presentan<br />
y en los que se ha obstaculizado el acceso a la ile en la ciudad.<br />
<strong>Mujeres</strong> indígenas y mujeres rurales<br />
Al revisar la situación de las mujeres indígenas y rurales, en este informe se pudo observar que el<br />
Gobierno de la Ciudad a través de algunas dependencias cuenta con programas dirigidos a atenderlas<br />
específicamente, mediante los que se proveen apoyos para fortalecer sus capacidades laborales,<br />
impulsar sus actividades productivas, a capacitarlas en materia de derechos sexuales y derechos<br />
reproductivos, vih, acceso a una vida libre de violencia y, recientemente, en derechos humanos y<br />
perspectiva de género, además de contar con una carta de los derechos de este grupo de población.<br />
Nuevamente el reto es que estos programas y acciones se vayan modificando según los resultados de<br />
Capítulo 3 Consideraciones finales 255