Informe-Anual-2016-vol4-Mujeres

los reportes de incidencia delictiva del sesnsp no hacen referencia a los delitos previstos por la Ley
General en la materia, lo cual imposibilita la medición de los resultados alcanzados. En la Ciudad
de México se replica esta situación y se identificó que no se cuenta con un diagnóstico actualizado
que dé cuenta de la magnitud y sus causas; asimismo, no se detectaron campañas ni instrumentos
de difusión particulares dirigidos a la población general, lo cual limita la prevención de este delito.
La formulación de una política pública en la materia a nivel local se encuentra ausente pues a
la fecha no se cuenta con el Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Distrito
Federal, ni con la asignación de un presupuesto específico para el Fideicomiso público del Fondo
para la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, sino que se identificó el uso de
recursos del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, el cual ha sufrido reducciones
año tras año. Tan sólo desde la cdhdf entre 2013 y 2016 se cuenta con 16 quejas por presuntos
agravios a mujeres en materia de trata de personas y se emitió una recomendación (9/2012)
a la delegación Cuauhtémoc, misma que aún se encuentra en seguimiento.
Frente al panorama anterior se sugiere el diseño e implementación de un programa especial
basado en un diagnóstico, además de la formalización de la participación de las demarcaciones
territoriales en la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el
Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal. Se suma el reto
de contar con una mayor coordinación interinstitucional en el perseguimiento y sanción de este
delito y de la información sobre el número de operativos, personas detenidas y sentencias condenatorias
de este delito entre la Procuraduría capitalina y el tsjdf; así como de la activación del fondo
correspondiente.
Participación política
Al hablar de la participación política en la Ciudad de México el marco jurídico local se ha armonizado
con el federal, e incluso se contemplan disposiciones que dan un mayor alcance a la participación
de la mujer; por ejemplo, se obliga a garantizar la paridad entre géneros no sólo en las
candidaturas a la Asamblea Legislativa, sino para jefaturas delegacionales, estableciendo sanciones
(negación de registro) en caso de incumplimiento; también se contempla la paridad entre géneros
en la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, aunque en este caso
no se establecen sanciones. Otro avance que se registra en la legislación de la Ciudad de México
se refiere al mayor porcentaje de financiamiento contemplado para la generación y fortalecimiento
de liderazgos de las mujeres, el cual es de 5% mientras que la legislación federal solamente contempla
3%. Lamentablemente en la práctica no se cuenta con un reporte del gasto ejercido que se
encuentre desglosado por tipo de actividad que realizan, para evaluar las acciones implementadas
y sus logros, por lo que se debe avanzar en este camino.
Asimismo, en la Constitución Política de la Ciudad de México se establecen disposiciones para
el cumplimiento de la paridad de género y va más allá al incorporar la nulidad de la elección o
proceso de participación ciudadana cuando se acredite la existencia de violencia política de género;
Capítulo 3 Consideraciones finales 251